Antes de que el Presidente José Antonio Kast decidiera pedirle la renuncia a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, ya se sabía que la Contraloría iba a despachar un dictamen que concluía que la exfiscal había actuado fuera de sus funciones.

El secreto a voces fue tan grande que la conclusión a la que había llegado la contralora Dorothy Pérez se transformó, indirectamente, en una especie de luz amarilla para que Kast se diera cuenta que su apuesta por Steinert ya no daba para más.

El aviso indirecto fue recibido con astucia por La Moneda para reaccionar y sacarla del Ejecutivo. Finalmente, lo que era vox populi, se hizo público este jueves. Tal como había sido publicado por medios de comunicación, y como sabía el propio gobierno hace ya varias semanas atrás, la contralora Pérez concluyó que Steinert actuó fuera de sus facultades legales al pedir, a través de un oficio, información reservada a la PDI sobre una investigación abierta en curso.

El problema se remonta al oficio reservado N° 28 dirigido a la PDI. En dicho documento se pedía un informe sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una causa penal específica en curso en Iquique contra una organización criminal china denominada el Clan Chen. La indagatoria estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Tarapacá, la misma donde Steinert ejerció como fiscal regional antes de entrar al gobierno.

A solo días de haber llegado al gobierno, la exministra pidió información sobre cuatro detectives que fueron sacados del equipo a cargo de la indagatoria -que ella lideró en Tarapacá- y trasladados hasta otras regiones. Entre ellos estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, quien es cercano a Steinert.

El oficio pedía que se reportara pormenorizadamente los “fundamentos institucionales y necesidades de servicio que sustentaron la reasignación de dichos funcionarios que se encontraban ejerciendo labores investigativas”. Además exigía que se adjuntara “la nómina detallada con nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita, así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere”.

No conforme con todo eso, Steinert además requirió que se explique “el fundamento circunstanciado de esos traslados y que se informe la región, unidad de destino y cargo actual que desempeña cada uno de los referidos funcionarios, como asimismo que se remitan los antecedentes disciplinarios o penales y la copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal que hubiere sustentado”.

Sin embargo todo lo solicitado por Steinert fue más allá de las facultades que le otorgaba la ley. “La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, se lee en el dictamen firmado por Pérez.

En la resolución, la Contraloría plantea que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad”.

El dictamen también señala que al pedir información con ese nivel de detalle, Steinert expuso a los funcionarios en cuestión ya que esos datos “permitirían su individualización y ubicación actual, entre otros elementos que, conforme a la ley, deben ser resguardados”.

La contralora además dejó constancia que Steinert tenía un conflicto de interés evidente y su deber era abstenerse de pedir información reservada de una causa que ella conocía como exfiscal: “Los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia exsecretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tenor del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar”.

Por otro lado, la Contraloría respondió por los cuestionamientos a la remoción de la prefecta general (r) Consuelo Peña, quien tuvo que salir de la institución a petición de Steinert. Respecto a la juridicidad de la desvinculación de Peña, la Contraloría recordó que la remoción se hizo mediante un decreto del Ministerio de Seguridad Pública.

“El acto que fue cursado por esta Contraloría General el 10 de abril de la anualidad en curso, por ajustarse a derecho”, establece el dictamen.

El dictamen termina señalando que la Unidad Estratégica del ministerio, que Steinert disolvió, no puede eliminarse, ya que su existencia está amarrada por ley.