Fallo abrirá la gratuidad a Ues. con controladores que persigan fines de lucro

Imagen Universidad Andres Bello 003

El Tribunal Constitucional continúa hoy la revisión de la futura ley de educación superior que se encuentra en control preventivo.




La posibilidad de que sociedades comerciales sean controladoras de universidades es un tema que está nuevamente en el debate, tras conocerse que el Tribunal Constitucional (TC) ya tiene resuelto bajar el Artículo 63 de la futura ley de educación superior, que prohíbe la inclusión de controladores con fines de lucro y que hoy sería votado formalmente.

Las consecuencias de este hecho podrían impactar incluso en la gratuidad. Según advirtió el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), "lo que suceda con este fallo y con este artículo es algo que puede generar grandes distorsiones y los ministros del TC tienen que considerar el riesgo de que una universidad con controladores con fines de lucro pudiera terminar recibiendo recursos por gratuidad".

Esto, porque en la futura ley de educación superior no quedó establecido como requisito específico para las instituciones que acceden a la gratuidad no tener controladores con fines de lucro. Así, por ejemplo, podrían sumarse al beneficio planteles que no estaban considerados en los cálculos del Mineduc, como la U. de Las Américas y la U. Andrés Bello, si es que cumpliesen con las demás requisitos (sistema de acceso y acreditación).

El asesor legislativo de Chile Vamos, Jorge Barrera, explicó que la eliminación del artículo en cuestión "no impacta en lo general, pues las instituciones hoy no tenían la obligación de impedir la presencia de controladores con fines de lucro. Ahora bien, las glosas de presupuesto de los años 2015 al 2017 establecieron que tener controladores sin fines de lucro era requisito para acceder a la gratuidad y eso se caería en la ley permanente".

En resumen, se dejó en la ley de educación superior, como parte de los requisitos para la existencia de las universidades, la prohibición de tener controladores con fines de lucro. Pero esto no se exigió también para acceder a la gratuidad en el futuro, porque se entendía que este aspecto estaba resguardado en los artículos de disposiciones generales.

El diputado Giorgio Jackson (RD) advirtió que esta situación podría incluso impactar económicamente, porque no estaba en los cálculos la eventual participación en la gratuidad de instituciones con una matrícula tan alta.

El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, planteó que "autorizar que entidades con fines de lucro integren los órganos controladores de las instituciones educacionales anula uno de los propósitos sustantivos de la reforma y la voluntad política mayoritaria expresada en esa disposición del proyecto de ley. Si ello ocurre se introducirá una grave tensión en el sistema político y dejará abierto un conflicto que esperábamos quedara cerrado con esta reforma".

Para el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Fernández, "el hecho de que se permita que personas con fines de lucro controlen instituciones no significa, en ningún sentido, permitir el lucro aguas arriba, sino simplemente permitir la libre asociación. Las restricciones que la ley nueva considera para evitar el lucro son suficientes para conseguir ese fin. El cambio que parece establecer el Tribunal Constitucional no tiene impacto alguno".

En la vereda opuesta, el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (Fech), Alfonso Mohor, dijo que si se concreta el cambio en el proyecto "se va a abrir la puerta al negocio de la educación y se va a permitir que grupos como Laureate puedan seguir retirando utilidades. Me gustaría saber qué piensa el ministro sobre este tema".

El senador Jaime Quintana dijo que "en Chile ninguna universidad puede lucrar, pero todos sabemos que algunas lo hacen".

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