El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó este martes que el gobierno decidió retirar de la Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026–2029, con el objetivo de someterlo a una revisión interna antes de su eventual reingreso.

Consultado directamente sobre el retiro del documento, el secretario de Estado fue categórico.

“Sí, ello es efectivo. Ese proyecto se va a revisar como corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto”, señaló.

Respecto de los contenidos del plan, Rabat evitó adelantar cambios específicos, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes.

“Por eso lo vamos a revisar y una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley”, añadió.

La aprobación del plan

El plan retirado había sido presentado a inicios de diciembre por el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y aprobado por el comité interministerial como una hoja de ruta para la acción del Estado en materia de derechos fundamentales.

El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos contemplaba 175 acciones comprometidas por distintos organismos públicos, incluyendo ministerios, servicios, gobiernos regionales y universidades, articuladas en torno a cinco ejes estratégicos.

Entre sus principales lineamientos se encontraban la promoción de la igualdad y la no discriminación, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la protección frente a la violencia, el resguardo de la memoria histórica, el desarrollo sostenible y la educación en derechos humanos.

El diseño del instrumento incluyó además un proceso participativo amplio, con más de 140 reuniones técnicas y la incorporación de propuestas ciudadanas a través de plataformas digitales, junto con el apoyo de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Trámite pendiente y proyección

Tras su aprobación, el plan debía ser remitido a la Contraloría para la toma de razón, paso clave para su entrada en vigencia. Sin embargo, con la decisión del Ejecutivo, ese proceso queda momentáneamente suspendido.

Desde el gobierno recalcaron que el reingreso del documento se realizará una vez finalizada la revisión, en línea con las atribuciones del Ejecutivo para ajustar políticas públicas heredadas de la administración anterior.

El episodio se da en paralelo al cierre del ciclo del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022–2025, cuyo reporte final se encuentra en desarrollo, marcando una etapa de transición en la planificación estatal en esta materia.