La denuncia de "daños irreparables" por búsqueda de supuesto tesoro en Juan Fernández

La polémica en torno a la búsqueda del hipotético tesoro en la isla Robinson Crusoe por el empresario Bernard Keiser sigue agitándose conforme se conocen más antecedentes del caso. Uno de ellos se remonta al 5 de febrero recién pasado, cuando el entonces director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Región de Valparaíso, Pablo Mira, presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La acción se refería al pedido de ingreso de maquinaria pesada realizada por el estadounidense, quien procuraba continuar la búsqueda del supuesto alijo de oro que se remontaría al siglo XVIII en terrenos del parque nacional y Reserva de la Biósfera.

En la presentación, el profesional, quien fue desvinculado de Conaf hace algunas semanas, solicita que el organismo fiscalizador se pronunciara sobre la solicitud de Keiser, pues -a su juicio- debería ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). También alertó sobre las consecuencias de los sondeos que se buscaba realizar en el sector de Puerto Inglés, en un sitio de 30 por 70 metros.

"No se asegura que los trabajos se mantendrán en el mismo sitio demarcado (…) Tampoco se sabe de qué dimensiones serán las perforaciones para los sondajes exploratorios, dado que la maquinaria tiene dimensiones bastante mayores a las señaladas en la RCA", advertía.

La presentación añadió que "no existe una modelación del comportamiento del material geológico del área donde se usará la maquinaria", en especial evaluando posibles efectos "de las perforaciones a la roca madre y los recursos históricos denominados Cueva Alejandro Selkirk y sitio Cañones de Playa".

El documento agregó la preocupación en cuanto a que "los trabajos efectuados con maquinaria pesada, tan cercanos a esa cueva, puedan generar un daño irreparable". Por ello, Mira planteó que las actividades debían someterse a un Estudio de Impacto Ambiental. También advirtió sobre el tránsito de maquinaria en la zona, en específico una excavadora JCB 4CX (de 8 toneladas de peso) dotada con un martillo modelo Xcentric Ripper XR 10 (con un "ripper" o garra de 930 kilos).

Hoy, la SMA explicó que tras la investigación realizada se concluyó que la modificación del proyecto de Keiser "no requería ingresar al SEIA, por no cumplir con los requisitos que dispone la ley para exigir dicha evaluación". Por ello, descartó la hipótesis de elusión (de ingreso del proyecto al Servicio Ambiental), "y se procedió a archivar la denuncia".

Días después de que la SMA emitiera su pronunciamiento, el 6 de agosto pasado, Conaf firmó, el 27 de agosto pasado, un protocolo de acuerdo para autorizar la realización de los trabajos.

Hoy, a través de un comunicado, la entidad precisó que autorizó el ingreso para ejecutar los sondajes, "actividad limitada a un terreno de 20x20 (metros), que ha sido debidamente analizado y aprobado".

El documento plantea, entre otros puntos, que las actividades solo podrán desarrollarse en el área autorizada por los organismos ambientales. También indica que las prospecciones se realizarán entre septiembre y abril de cada año.

"Antes de iniciar las excavaciones, el titular del proyecto deberá presentarse en la Administración del Parque Nacional para individualizar a los profesionales y trabajadores que se contraten y tomar conocimiento de las precauciones, normativas, conductas, reglamentaciones, cuidados de los bienes materiales e inmateriales del Parque Nacional, que rigen para éste y todo tipo de intervenciones al interior de un área silvestre protegida, lo que quedará plasmado en un acta suscrita por las partes, con registro de asistencia", precisa la declaración de la Corporación Nacional Forestal.

El organismo también enfatiza que en el marco del protocolo "se deberá informar a Conaf toda acción, del titular, detectada en el área de realización de sus actividades, que signifiquen hallazgos relevantes y el deterioro o menoscabo del Parque Nacional, como asimismo deberá abstenerse de ejecutar cualquier actividad que signifique un deterioro a éste, sobre todo en lo que diga relación con el uso del fuego y sus regulaciones legales".

Diego Ibáñez, diputado de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, consideró "grave que no se haya oído la opinión técnica de un directivo de la Conaf, quien tiene la misión de proteger este tipo de territorios". Añadió que se citará a la comisión al director nacional de la Corporación Nacional Forestal, José Manuel Rebolledo.

En tanto, consultado el director de Conaf por la salida de Mira, insistió en que el exdirector regional  "fue desvinculado y las razones fueron de carácter administrativo, tras la evaluación de su gestión".

"No es que él haya renunciado al cargo. Su salida no tiene relación con el proyecto de excavación", reiteró Rebolledo.

La autoridad también aseguró que Conaf "estará patrullando y fiscalizando el sector en el cual se realizarán las actividades aprobadas en la RCA" en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández.

Existe una gran diferencia entre el patrimonio natural "vivo" –bosques o animales- y el patrimonio geológico. Mientras el primero siempre tiene alguna chance de ser rehabilitado, una formación geológica alterada o destruida, en cambio, no puede regresar a su estado original: es decir, se pierde para siempre. Es lo que advierte Manuel Schilling, profesor del Instituto de Ciencias de la Tierra de la U. Austral e integrante del grupo de especialistas de patrimonio geológico de la Sociedad Geológica de Chile.

"La particularidad de este tipo de patrimonio es que en la mayoría de los casos no es renovable, como sí ocurre, por ejemplo, con los ecosistemas. Son formaciones geológicas que si se destruyen, es imposible recuperarlas", señala.

En este plano, el académico plantea una advertencia en torno acciones como la que se plantea realizar en la zona de Puerto Inglés. Allí, según consignó un informe del Sernageomin de marzo pasado, se ubica un lugar tipo de la secuencia geológica más representativa de la isla Robinson Crusoe, con significativo potencial científico y educativo.

Y es que tal como ocurre en todo el territorio nacional, en Juan Fernández falta un catastro detallado del patrimonio geológico encuadrado en el parque nacional del archipiélago, enfatiza el investigador.

"El daño puede ser crítico para una zona cuyo valor no se conoce y que puede ser afectada. Sería ideal tratar de hacer al menos una evaluación preliminar o sistemática del patrimonio geológico de la isla" antes de autorizar intervenciones de este tipo, recalca.

Schilling hace notar que si bien Chile "ha avanzado muchísimo en los últimos diez años" en el reconocimiento de la necesidad de proteger este tipo de patrimonio, con avances como el establecimiento de geoparques como Kütralkura, en La Araucanía, todavía hay muchos sitios en el país "que no tienen ningún tipo de protección legal".

Una visión distinta tiene Umberto Bonomo, director del Centro de Patrimonio Cultural de la U. Católica, quien hace notar que el área de intervención mencionada por la Conaf es de dimensiones menores, "prácticamente del ancho de una calle".

"Es relativamente pequeña, aunque no por eso no hay que subestimar el impacto que pueda tener", agrega el académico. No obstante, indica, si la investigación encabezada por Keiser "tiene buen éxito, habría un enriquecimiento económico, y parte de eso sería propiedad del estado de Chile. Y no solo eso, pues también existiría un enriquecimiento del patrimonio cultural, de la historia vinculada a la isla".

Bonomo recuerda que constantemente se han realizado excavaciones "que han permitido construir el patrimonio arqueológico de Chile. Si bien el archipiélago Juan Fernández es un territorio muy frágil, rico en flora y fauna, y por ello hay que tomar los resguardos necesarios, tenemos que pensar que todo esto está haciendo de acuerdo con la ley", asevera.