Cuando la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco estaba por completar su primer mes en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de San Joaquín, el ingreso de una adolescente, imputada por homicidio, a su mismo módulo (el 14) tensionó su paso por el penal.

La menor de edad mostró conductas que alteraron la tensa calma que reinaba en ese espacio, a tal punto que durante la madrugada del 18 de febrero tanto la exjueza imputada por cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa y sus dos compañeras de encierro -encausadas por emitir licencias médicas irregulares- tuvieron que ser trasladadas de manera exprés hasta otro lugar del recinto.

A oscuras y con una carretilla, Vivanco y las otras dos imputadas tuvieron que mover sus cosas hacia el extenso y tétrico módulo 7, que si bien tiene dos pisos y varias piezas disponibles, sólo las alberga a ellas.

Ese fue el espacio donde debió reinstalarse y tratar de hacer oídos sordos de comentarios que le advertían que allí reinaban los fantasmas. Aunque eso se ha puesto cuesta arriba.

La otrora influyente jueza se ha mantenido en una celda sola, y como cuentan los pocos amigos que la visitan, ha sido el lugar donde ha visto que a diario su salud se deteriora. Quienes conversan con ella los miércoles y sábados, cuando se autorizan los ingresos, aseguran que mantiene su convicción de que es inocente y que todo el proceso la ha desgastado enormemente.

El punto no es menor, pues ese será un argumento central de lo que esbozará su defensa la jornada de este jueves 4 de junio en la audiencia en que se revisarán sus medidas cautelares.

De acuerdo con fuentes que conocen de la estrategia que desplegará la exjueza, la defensora penal pública Patricia Alvarado intentará controvertir que Vivanco no es un peligro para la seguridad de la sociedad. Entre los planteamientos, expondrá que ella no acepta los delitos que se le imputan, pero que luego de ser removida del Poder Judicial no podría haber riesgo de reiteración de los ilícitos imputados.

La defensa no comparte, como pudo conocer este medio, la tesis del Ministerio Público respecto de que la abogada, en caso de quedar libre, pudiera influir o presionar a eventuales testigos y poner en riesgo la indagación.

De la misma forma, se alegará que Vivanco está aquejada de una serie de patologías que no se ha controlado desde que fue detenida la noche del 25 de enero en el que era su domicilio en Las Condes. No se ha chequeado por su diagnóstico de cáncer y tampoco ha recibido ajustes de su medicación por diabetes, pese a que ya ha bajado más de 10 kilos y, como cuentan sus cercanos, no mantiene una adecuada alimentación.

Su defensa también mostrará los hallazgos de los peritaje psicosociales y psicológicos que se encargaron a la perito asistente social Cristina Pinto, y al perito psicólogo Andrés Oyarce, quienes estuvieron en la cárcel de San Joaquín hace algunos días y se entrevistaron con la imputada.

La esperanza que mantiene la defensa es que este mismo jueves el tribunal acceda a la solicitud y se le imponga una medida menos gravosa, como un arresto domiciliario. En caso de que se concrete, según cuentan quienes han abordado el tema con la abogada, fijaría dirección en un nuevo inmueble, en un departamento que le arrendará su exesposo y padre de su hija.

De mantenerse la prisión preventiva, agregan las mismas fuentes, la instrucción que ha dado la exjueza es apelar y si eso tampoco resulta, recurrir de amparo.

Economías separadas

Estando en el módulo 7, Vivanco se enteró de que Gonzalo Migueles, su pareja por años, declararía ante los fiscales del caso. Él es pieza clave en todo el entramado, pues según las imputaciones del Ministerio Público, fue a través de él que la entonces magistrada recibió los sobornos que le habrían pagado los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas para que se favorecieran los intereses del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec.

Con él, sin embargo, la abogada no ha vuelto a conversar. La última vez fue el día que a Migueles lo detuvieron. Minutos antes él la había llevado a una clase que impartiría, por lo que nunca conversaron mayormente de las implicancias de todo el caso.

Pero con el correr de las semanas, esa conversación -dicen quienes hablaron del asunto con Vivanco- se fue volviendo innecesaria para ella. Terminó completamente decepcionada y aunque no han mantenido diálogo que ponga término formal a la relación, todo se quebró.

El ejemplo más claro de eso, de acuerdo con cercanos a ambos, es que el domicilio que mantenían, la casa familiar que arrendaban en Las Condes, se entregó a inicios de abril y tanto el hijo de él como la de ella separaron sus caminos. Cada uno comenzó a rearmar su vida por separado y de manera independiente.

Amigos de Vivanco aseguran que ella se siente utilizada por Migueles, que jamás pensó que él ocupaba la poca información que podía manejar de algunas causas para obtener dineros, y que tampoco le resulta creíble que él no supiera que esas transferencias o entregas de plata que recibía no eran simplemente regalos de un amigo.

Por lo mismo, en caso de que este jueves la Fiscalía plantee que habría que mantener la prisión preventiva en virtud del nexo que ella mantenía con los dineros involucrados en esta causa, la defensa insistirá en que siempre el hogar mantuvo economías separadas, pues Migueles -recalcan desde el entorno de Vivanco- nunca le expuso a la exjueza de dónde provenían los dineros que manejaba.