La última caída de Héctor Llaitul: el robo de $ 90 millones de madera y las amenazas a la autoridad que le imputará la fiscalía

Desde hace dos años y medio que la Fiscalía de La Araucanía y la PDI seguían los pasos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Interceptaciones telefónicas lo sitúan en un millonario atraco a una forestal y en usurpaciones de predios. La escalada de emplazamientos públicos al Ejecutivo y los llamados a armarse hoy lo tienen en un complejo escenario, en que tendrá que enfrentar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) y -lo más probable- es que lo lleven de vuelta a la cárcel.


No opuso resistencia. La diligencia duró un par de minutos. Dos detectives de la PDI ingresaron hasta el restaurante “Cocinería del Sur”, ubicado en calle Séptimo de Línea, en la comuna de Cañete, Región del Biobío, donde a las 13.30 horas de este miércoles el histórico líder de la CAM, Héctor Llaitul, se aprontaba a almorzar. No alcanzó a probar bocado. Los policías le exhibieron una orden de detención y, a diferencia de todo lo que ha hecho este año -protagonizando una escalada de declaraciones en contra de las autoridades-, el exfrentista calló.

En un helicóptero fue trasladado hasta Temuco, lugar en que la Fiscalía de La Araucanía lo formalizará este jueves por robo de madera, usurpación de tierras, amenaza contra la autoridad y llamamientos a la desestabilización del gobierno, conducta enmarcada en la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Llaitul no ha dicho nada. Sólo pidió hablar con su abogado, Rodrigo Román.

Ya desde hace un año y medio que los días estaban contados para Llaitul. En ese entonces, el gobierno de Sebastián Piñera presentó una querella e invocó la LSE. Era el 8 de enero de 2020 y el líder de la CAM salía molesto de tribunales luego de que condenaran a uno de los suyos, el comunero Daniel Canio Tralcal, por delitos reiterados de incendio, robo con intimidación, porte ilegal de armas y homicidio frustrado de Carabineros. Apenas un medio de comunicación le puso micrófono comenzó a lanzar amenazas que para el intendente de la época, Víctor Manoli, eran conductas sancionables por la LSE.

La querella, que dio origen a la indagatoria penal que este jueves lo hará enfrentar nuevamente a la justicia, detalla que en esa oportunidad hizo un llamado a las comunidades a confrontar a las forestales, ya que ellas estaban detrás de ese juicio. “Ellos fueron los que de alguna manera presionaron no solamente al gobierno de turno, sino a toda la institucionalidad, a este tribunal, al Ministerio Público y a todos los gremios que están subordinados al poder económico. Entonces, para nosotros esta es una condena política y la respuesta se viene”, sostuvo en esa oportunidad.

Ese día, el imputado hizo un expreso llamado a destruir, paralizar e interrumpir las actividades de la industria forestal a la que calificó como un “enemigo histórico”, e instó a “efectuar acciones directas”, apuntando a ataques incendiarios, usurpaciones, sustracción de madera, es decir, acciones directas que dañaran esas faenas. El tema es que para los investigadores Llaitul no sólo se quedó en amenazas, ya que el 16 de enero de ese mismo año, mientras estaba en el lanzamiento de un libro, hizo referencia a actos ilícitos vinculados al llamado que hizo tras la condena de Canio Tralcal.

“Somos una organización mapuche que tenemos una definición anticapitalista, partimos golpeando los intereses del capital en territorio ancestral mapuche y siempre nos vamos a sentir orgullosos de haber golpeado con acciones, con sabotajes incendiarios a las forestales; ese discurso lo instalamos con mucha gente hace más de 20 años, porque ese es el enemigo histórico de nuestro pueblo (...) Incluso, lo dijimos afuera del tribunal cuando condenaron a nuestro peñi Daniel Canio, un heroico ejemplar preso político de la nación mapuche, un weichafe que tuvo la osadía de levantarse en contra de la industria forestal”, sostuvo.

Son esos llamados los que, a juicio del gobierno de la época y del Ministerio Público, luego se tradujeron en ataques concretos. Tras el 8 de enero, se registraron 54 hechos de violencia en esa zona y se ha encontrado en esos actos evidencia documental en que la propia CAM se adjudica las acciones a través de comunicados y panfletos que llaman al alzamiento en contra de la condena de Daniel Canio. Todo esto será exhibido por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, durante la formalización.

Los atracos

La investigación por los dichos amenazantes de Llaitul, y que le valieron la querella por LSE presentada en 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera, se entrelazó con otra indagatoria. Sus comunicaciones comenzaron a ser intervenidas y, por ende, cualquier paso en falso lo podía pagar caro. Y ese paso en falso, según fuentes de la indagatoria, lo dio el 8 de febrero del 2021. Ese día se concretó una acción que la CAM llamó “recuperación territorial” en el fundo Los Pastales, en la comuna de Victoria, en La Araucanía. Los miembros de la agrupación llegaron en distintos vehículos, sin usar armas, y con una serie de elementos para hacerse del predio de la forestal Cautín.

Para el Ministerio Público esta acción se enmarca dentro del delito de usurpación y donde Llaitul habría tenido una participación directa. Según la georreferenciación que pudo hacer la PDI, el líder de la CAM estuvo ese día en el lugar, y así se pudo confirmar a partir de la localización que emitió su teléfono celular. Además, desde esa zona habría hecho una serie de llamadas telefónicas, indicando las labores que estaba llevando a cabo la CAM. Pero la usurpación no seria el único ilícito que le imputaron a partir de este caso.

También ese día se concretó el delito de hurto de madera, pues se iniciaron acciones de tala forestal, donde lo sustraído se avaluó en $ 90 millones. Ahí el segundo ilícito, pero faltaría un tercero. Mientras se hacían las labores de usurpación y hurto de madera, un contingente policial de Carabineros llegó a la zona, iniciándose un enfrentamiento que dejó a dos policías heridos. Este último, sostiene la otra imputación a Llaitul: atentado contra la autoridad.

El 1 de marzo del 2021, la CAM, incluso, publicó un comunicado atribuyéndose la toma de este predio. “Dimos inicio a un proceso de recuperación territorial en contra de la forestal Cautín ocupando definitivamente el fundo (…), proceso que llevamos adelante a través de la práctica del control territorial, que implica trabajos productivos al interior del predio y un posicionamiento efectivo del mismo”, dice el texto.

La “resistencia”

En medio de acciones de violencia en La Araucanía y el Biobío por los denominados “presos políticos mapuches”, Héctor Llaitul concedió una entrevista a Radio Universidad de Chile que hoy lo vuelve a tener en un complejo escenario judicial. El 24 de junio de 2020 y ante el anuncio del Ejecutivo de enviar a personal militar a resguardar esa zona, el líder de la CAM asegura que están dispuestos a enfrentamientos.

“Llevamos más de dos décadas de lucha territorial y política, hay una experiencia en la autodefensa y en la resistencia. De hecho, ya estamos preparados para un enfrentamiento armado. Ya resurgió el weichán y nuestro weichafe. Ya nos hemos convocado, con conciencia y con valor. Hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando. Nosotros vivimos acá, conocemos nuestro territorio y tenemos la convicción en nuestras mentes y corazones; pero es la fuerza espiritual la que nos dará el newen necesario para resistir y vencer”, dijo en esa oportunidad.

Para los investigadores, esta intervención es importante, ya que da cuenta de la reivindicación de acciones delictuales, y la defensa de métodos violentos para lograr los objetivos de la agrupación. Todo esto es sancionado en la LSE, ya que se castiga a quienes “propaguen o fomenten, de palabra o por escrito, o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de gobierno”.

Sus emplazamientos en la era Boric

Para los investigadores fue importante la ampliación de querella por LSE que hizo la cartera que hoy lidera Izkia Siches y que los habilitará para imputar más hechos a Llaitul y que tienen que ver con declaraciones desplegadas este año en contra de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Una de ellas tiene que ver con una entrevista que el líder de la CAM concedió el mes pasado al medio digital Chile Today News y que se difundió por YouTube. Ahí habla de la muerte de uno de los integrantes más jóvenes de la agrupación, Pablo Marchant -ocurrida hace un año- y respecto a la cual sostuvo: “Nuestra forma de vengarlo, por decirlo de alguna manera, es agudizar contradicciones y luchar más fuertemente contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día están en el wallmapu, que son agentes del Estado, principalmente los que llevan adelante la militarización, la policía y otras fuerzas político-militares que están ligada a las forestales”.

Junto con esto y en un video en que se refiere al gobierno actual -y que es parte de la ampliación de la querella presentada hace algunas semanas-, Llaitul expresó que, “por lo tanto, se nos mandató a decir que la resistencia se mantendrá, y la resistencia tal cual es una resistencia armada, causó mucha alharaca esta situación, porque decir que nosotros vamos a tomar las armas en circunstancias que ya las hemos venido tomando, las hemos tomado hace rato, para accionar en contra de nuestros enemigos y para defender a nuestra gente, no se trata de tomar las armas aquí para desarrollar otros objetivos, los objetivos nuestros son muy claros y se justifican, y nosotros no tenemos ningún problema de dar la cara diciendo que tomar las armas para defender la lucha territorial y política está bien, para nosotros está bien”.

¿De vuelta a la cárcel?

Uno de los motivos para que esta indagatoria haya sido de largo aliento, dicen fuentes consultadas, es que aún está en la retina la Operación Huracán, en que Llaitul tiene calidad de víctima de ese montaje policial que aún investiga el Ministerio Público y pronto llevará a juicio. Por tales motivos es que la Fiscalía de La Araucanía se preocupó de tener una robusta batería de pruebas, porque lo que se pedirá tras formalizarlo es que el líder de la CAM quede en prisión preventiva. Para lograr esto se deberá acreditar la necesidad de cautelar.

En ese sentido, hay una situación que agrava el escenario para el exfrentista. Y es que de ser condenado no podrá optar a beneficios de cumplimiento de pena en libertad. En 2011 ya recibió un castigo en la cárcel de dos penas de 10 años y un día y otra de cuatro años de cárcel por robo con intimidación y lesiones reiteradas. Por tal motivo, ya no es primerizo. El contar con antecedentes y la gravedad de los delitos que se le atribuirán llevarían a determinar a la justicia que la libertad del líder de la CAM es hoy un peligro para la sociedad.

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