El chileno Francisco Javier Bustos Nieto, de 38 años, quedó detenido en Argentina luego de ser requerido por la justicia paraguaya en una investigación por la presunta sustracción de su hija de dos años. El caso se da en medio de un conflicto judicial por el cuidado personal de la niña, que también involucra resoluciones dictadas por tribunales chilenos y paraguayos.

La captura se concretó este jueves en la ciudad de Resistencia, en la provincia argentina del Chaco, tras una coordinación entre policías de Paraguay, Argentina e Interpol, activada luego de una denuncia presentada por la madre de la infante, Diana Belén Rojas.

En paralelo, la abuela paterna de la niña fue detenida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Chile.

De acuerdo con los antecedentes entregados por autoridades paraguayas, Bustos habría incumplido un régimen de relacionamiento provisorio autorizado por la justicia. El miércoles, el padre llegó junto a la abuela paterna hasta la guardería donde asistía la niña para iniciar una visita autorizada, que debía extenderse por tres horas.

Una vez cumplido ese plazo, según informó el Departamento de Búsqueda y Localización de Paraguay, la menor de edad no fue restituida, el padre dejó de responder los mensajes de la familia materna y argumentó problemas mecánicos en su vehículo.

La resolución paraguaya conocida el mismo día de la detención de Bustos Nieto ordenó, como medida cautelar y provisoria, la entrega y retorno inmediato de la niña al domicilio materno, mientras se dicta sentencia definitiva en el proceso judicial internacional por restitución.

Según información entregada a La Tercera, la infante ya se encuentra camino a Paraguay.

El tribunal paraguayo también fijó una audiencia para este sábado 11 de julio, a las 15.00 horas, con el objetivo de constatar el estado actual de la menor de edad y revisar los nuevos hechos ocurridos. La defensa del padre pidió la presencia de la Embajada de Chile en esa citación.

El origen del conflicto

El caso se remonta a fines de 2025, cuando la niña salió de Chile junto a su madre con autorización notarial del padre para viajar a Paraguay y Brasil. De acuerdo con los antecedentes judiciales chilenos y paraguayos, ese permiso tenía vigencia entre el 21 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

El retorno a Chile no se concretó.

En Chile, el Juzgado de Familia de Viña del Mar había aprobado previamente un régimen de cuidado personal compartido entre ambos padres. Luego, en una audiencia realizada el 2 de abril de 2026, ese mismo tribunal declaró que la menor se encontraba retenida ilegalmente por su madre desde el 6 de enero del mismo año.

Con esos antecedentes, el padre inició acciones para obtener la restitución internacional de la niña a Chile. El proceso continuó en Paraguay bajo las normas del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, tratado que busca restituir a niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente fuera de su país de residencia habitual.

Antes del episodio que terminó con la detención en Argentina, dos pronunciamientos dentro del proceso paraguayo habían apuntado en la misma dirección: que la residencia habitual de la niña estaba en Chile y que correspondía ordenar su restitución.

La Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia de Asunción sostuvo en un dictamen que estaban acreditados los presupuestos para habilitar la restitución internacional de la menor a Chile.

La fiscalía también descartó que se hubiera demostrado alguna excepción suficiente para impedir el retorno, pese a los argumentos planteados por la madre sobre presuntas situaciones de violencia psicológica, económica y afectaciones personales.

En una línea similar, el representante del Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay aconsejó hacer lugar a la restitución de la niña a su país de origen. El dictamen sostuvo que el trámite había sido iniciado dentro del plazo de un año previsto por el Convenio de La Haya y que no se acreditó un riesgo grave, físico o psíquico, que justificara impedir el retorno.

Ambos pronunciamientos, sin embargo, no equivalen a una sentencia definitiva del juzgado paraguayo.

La versión de la defensa del padre

El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de Francisco Bustos, confirmó que asumió la defensa del chileno luego de su detención en Argentina.

Según Manríquez, el requerimiento se produjo luego de que Bustos fuera acusado de “supuestamente” cometer un desacato judicial relacionado con una orden de visita y acercamiento a su hija, obtenida en el marco del proceso llevado en Paraguay.

El abogado sostuvo que ese procedimiento se originó, a su vez, “como consecuencia del secuestro internacional de esa misma menor que había llevado adelante su madre”, lo que, según dijo, obligó a aplicar las convenciones internacionales sobre la materia.

Manríquez explicó que Bustos “fue intervenido en el norte de Argentina” y actualmente “se encuentra a disposición de la justicia de ese país”.

Además, detalló que, si Paraguay formaliza un pedido de extradición, el caso podría pasar a la Justicia Federal argentina. En ese escenario, dijo, el requerido podrá ejercer “todos sus derechos a un debido proceso y defensa”.

“Explicar y exponer ante los tribunales cuáles fueron las razones y objetivos que lo motivaron a actuar de esa manera y cuáles son las circunstancias por las cuales podría eventualmente negarse o no acogerse a una extradición simplificada o decidir volver a Paraguay, son todas cuestiones que están en este minuto en análisis”, agregó.

El abogado calificó el caso como “extremadamente complejo” y sostuvo que contiene “múltiples elementos humanos, socioafectivos y obviamente con enormes consecuencias para las personas involucradas en todo ámbito”.

Manríquez también afirmó que Bustos había obtenido en Chile resoluciones judiciales que, según su versión, “se estaban cumpliendo de común acuerdo con la madre de la menor”, pero que luego fueron “irrespetadas, sustrayéndola de la acción de la justicia en Chile”.

El abogado agregó que el padre había logrado dos resoluciones favorables en Paraguay y que, tras la segunda, recibió amenazas.

“Amenazas de muerte o de agresión a ella y a la familia, cuestión que lo habría motivado a tomar esta decisión definitivamente por miedo o por falta de confianza en el sistema legal que pudiera llevarse adelante en lo futuro”, sostuvo Manríquez.

La familia paterna también rechazó que Bustos haya cometido un secuestro o incumplido resoluciones judiciales.

“Francisco no ha secuestrado a su hija ni ha incumplido resolución judicial alguna. El conflicto surge precisamente porque el régimen de cuidado personal compartido vigente en Chile fue desconocido al no restituirse a M. a Chile en la fecha autorizada”, afirmaron.

En el mismo comunicado, la familia cuestionó las acusaciones formuladas contra Bustos y sostuvo que “no existen denuncias, condenas ni antecedentes judiciales que acrediten maltrato, violencia o cualquier otro hecho de esa naturaleza en su contra”.

La versión de la madre

La madre, representada en Paraguay, ha sostenido una versión distinta. Según consta en escritos del proceso, argumentó que viajó a Paraguay con autorización notarial y que, al llegar, debió recibir atención médica por un deterioro de salud física y emocional.

También planteó que en Chile habría vivido situaciones de precariedad económica, dependencia, hostigamiento y presunta violencia psicológica y económica. En su defensa, sostuvo que en Paraguay contaba con una red familiar, mejores condiciones de apoyo y mayor estabilidad para la niña.

Esas alegaciones fueron consideradas dentro del proceso, pero los dictámenes disponibles concluyeron que no existían antecedentes objetivos suficientes para configurar una excepción al retorno bajo el Convenio de La Haya.

Tras la aprehensión de Bustos Nieto en Argentina, el caso quedó en una zona de definiciones judiciales y administrativas.

De acuerdo con antecedentes entregados por cercanos al proceso, las alternativas que se evaluaban eran mantenerlo detenido en Resistencia a la espera de un eventual pedido formal de extradición, expulsarlo administrativamente o dejarlo en libertad con medidas mientras se resuelve su situación.

Manríquez advirtió que, si el asunto pasa a la justicia federal argentina, podría tratarse de una tramitación extensa. “Esta es una situación de largo aliento, si es que se traba la justicia federal o no se decide una solución de carácter administrativo”, señaló.