El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por el ministro Iván Poduje, informó este viernes que solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) interponer una querella criminal contra las entidades patrocinantes (EP) Social Arquitectura y Uno a Uno por eventuales irregularidades en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras los incendios que afectaron a la zona en 2024.

A través de un comunicado de prensa, el Minvu sostuvo que la determinación se funda en el resultado de una “serie de investigaciones administrativas y técnicas”, tras lo cual se detectaron una serie de irregularidades.

Así, en contra de las EP Social Arquitectura y Uno a Uno S.A, la cartera sugirió que la acción penal sea debido a los posibles delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros.

Según la cartera, la investigación interna permitió identificar “la utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas”.

El Minvu ejemplificó que una de estas acciones se cometió mediante la intervención de un exdirector de Serviu Valparaíso, “quien suscribió el 19 de julio de 2024 un certificado de experiencia técnica que acreditaba 1.006 beneficiarios de la EP Social Arquitectura distribuidos en 14 proyectos”, dice el comunicado.

“Los antecedentes determinaron que ninguno de esos proyectos cumplía la exigencia reglamentaria de estar concluido y aprobado a esa fecha; varios registraban 0% de avance”, agrega la cartera.

Con todo, el Minvu informó que la suscripción de dicho certificado permitió a Social Arquitectura un aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT), accediendo sin la experiencia real requerida a proyectos de alta complejidad valorados en 709.143,09 UF ($29.735.320.015 al 19 de junio).

También se sostiene que este exdirector del Serviu -quien no fue individualizado en la comunicación de la cartera- acompañó a Social Arquitectura y la constructora San Sebastián en reuniones de adjudicación de proyectos en la zona.

En relación a la misma EP, se verificó que en la plataforma Asistencia Social del Minvu, una funcionaria habría revisado y aprobado módulos sociales de proyectos de Social Arquitectura, “omitiendo el deber de declarar la relación familiar con el socio y administrador de dicha EP”.

En relación a la EP Uno a Uno, la investigación determinó -según el ministerio- que la entidad suscribió Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT) con el Minvu, omitiendo el vínculo matrimonial con una funcionaria del Serviu Valparaíso y el desempeño previo como funcionaria en el propio Minvu.

También se señala que “la entidad intentó además recibir en cesión los proyectos de la EP Social Arquitectura”.

Sumarios y auditoría nacional

Como consecuencia de estos hallazgos, el Minvu informó que el pasado 17 de junio instruyó dos sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos involucrados.

Paralelamente, la Subsecretaría de Vivienda ordenó una auditoría nacional sobre la totalidad de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica vigentes en el país.

La revisión abarcará aspectos como la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por las entidades patrocinantes, posibles conflictos de interés de funcionarios públicos, cesiones y modificaciones de proyectos, el estado técnico de las obras en ejecución y la situación de entidades suspendidas o con convenios terminados.

Denuncias previas

La ampliación de las acciones judiciales se suma a una denuncia criminal presentada por el Ministerio el 26 de marzo de este año ante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la Constructora San Sebastián y Social Arquitectura.

En esa oportunidad, la cartera acusó el uso de un sistema constructivo no autorizado para las viviendas proyectadas en El Olivar, además de graves deficiencias estructurales detectadas por organismos técnicos como Ditec e Idiem.

Entre las irregularidades denunciadas también figuran incumplimientos de normas de protección contra incendios y aislación acústica, modificaciones de materiales sin autorización de las familias beneficiarias y presuntas amenazas a vecinos que intentaron cambiar de entidad patrocinante.

A estas familias se les señaló que se descontaría hasta $1.200.000 del subsidio habitacional.

Posteriormente, en mayo, la Seremi de Vivienda de Valparaíso complementó la denuncia tras detectar antecedentes que, según el ministerio, demostrarían que Social Arquitectura obtuvo de manera fraudulenta un aumento de categoría en el registro técnico regional.

El Minvu añadió que las medidas adoptadas, incluida la paralización y demolición de obras con deficiencias, no han sido suspendidas por los tribunales. Según la cartera, hasta la fecha la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las actuaciones impulsadas por el ministerio en el marco de este caso.