Equipos de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) se desplegaron de forma inédita en todas las regiones del país para revisar las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia.

La entidad que encabeza Dorothy Pérez informó que este despliegue apunta a revisar el proceso de transferencia de recursos hacia los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y fiscalizar, también, la supervisión que el servicio efectuó en las residencias de acogida el año pasado.

Asimismo, se verificará que las condiciones en las que habitan los menores concuerden con lo establecido en la normativa vigente, precisaron desde la Contraloría.

Presentación en el Congreso

La contralor fue una de las invitadas a la sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, que se efectuó la mañana de este miércoles.

En la instancia, Pérez presentó el Informe Final N°541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar que se aplicó respecto a menores de edad de nacionalidad haitiana.

En la ocasión, detalló los principales hallazgos de la fiscalización efectuada, entre los que se encuentra un desorden mayor y bajo nivel de coordinación en las instituciones a cargo de la Reunificación Familiar, por lo que se instruyeron sumarios en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y en la Subsecretaría de la Niñez.

La contralora enfatizó que el cuidado y fiscalización de la infancia será uno de los principales objetivos de la CGR para este 2026, razón por la cual se ordenó el inicio de este inédito despliegue a nivel nacional.

“Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”, señaló.

Dorothy Pérez explicó que esto se da en el contexto de que han recibido 137 oficios de tribunales que están relacionados al ingreso de NNA a residencias especializadas y “cuatro denuncias particulares sobre condiciones de seguridad, fallecimiento de menores en una residencia, así como respecto a la revisión de transferencias y recursos a alguna corporación”.

“El objetivo es velar por el cumplimiento de las normas de las instituciones públicas que tienen roles mandatados en esta materia”, recalcó.