Subsecretario para las Fuerzas Armadas por caso Putre: “Esto no puede volver a ocurrir”

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), acudió esta tarde hasta el Congreso para exponer en la Comisión Investigadora que analiza los hechos ocurridos en Putre, donde un conscripto del Ejército, Franco Vargas, perdió la vida en medio de una marcha militar ocurrida el 27 de abril. En esa campaña, cuatro jóvenes resultaron con heridas graves, otros 45 terminaron infectados por un contagio viral y más de 100 de ellos pidiendo salir del Servicio Militar.

“Lo que ocurrió no es normal”, partió diciendo el subsecretario en su exposición. “Acá hay, evidentemente, una falla en algún tipo de procedimiento o protocolo”, continuó. Recordando que hay dos sumarios al interior del Ejército y una investigación penal, la autoridad de Defensa dijo: “Esto hace imperioso que se esclarezca la verdad”.

Eidelstein se refirió a las reuniones que ha sostenido su cartera una vez conocidos los hechos. Así las cosas, recordó que dos altos mandos fueron removidos por el caso: el general de brigada Rubén Castillo y el coronel Sebastián Silva. “Esto no puede volver a ocurrir”, dijo el subsecretario.

A la sesión también asistió la madre de Franco Vargas, Romy Vargas. El presidente de la instancia, Luis Malla (Partido Liberal), señaló que contemplan invitar a la madre para las próximas sesiones.

Por otro lado, el subsecretario para las FF.AA. detalló que hay tres sumarios en curso: uno sobre el asunto sanitario, otro sobre el tema disciplinario, y un tercero sobre los beneficios “que podrían recibir o que tendrían que recibir los conscriptos afectados o los familiares”.

“Estamos esperando los resultados de esos sumarios. Se supone que son 20 días de plazo, pero por distintas razones se pueden alargar, así que no tenemos una fecha cierta por el momento”, agregó.

Para hoy estaba agendado que la Corte Suprema dirimiera qué justicia se quedará con la investigación penal: si la militar o la civil. Sin embargo, accediendo a una solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Segunda Sala del máximo tribunal suspendió la vista de las reclamaciones por competencia hasta el 17 de junio.

En la causa, el 8 de mayo la Suprema ya había designado una ministra en visita, Jenny Book, para seguir el caso. Por su parte, un día antes el Ministerio Público había abierto una investigación luego de recibir una denuncia por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un delito de apremios ilegítimos.

El 27 de mayo, se conoció el resultado del informe elaborado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martín, en cuanto a la controversia. En un informe de 15 páginas que antecede a la resolución que ahora tendrá que hacer la Segunda Sala de la Corte Suprema, se concluye que el caso debiese ser investigado por la justicia militar.

En las conclusiones se exponen cuatro puntos. El primero de ellos dice que “los eventuales responsables por los presuntos delitos tienen el carácter de militares”, similar a lo que se sostiene en el segundo punto. “Las presuntas víctimas o perjudicados por los hechos, tienen el carácter de militares”.