El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para este viernes 9 de octubre la audiencia en que se discutirán los incidentes de nulidad presentados por las defensas de imputados por el caso Imperio Ámsterdam, para que se declare la ilegalidad de interceptaciones telefónicas requeridas por el Ministerio Público.

Los abogados de los representantes del Dispensario Nacional Andrés y Mario Astorga, de Matías Landerer, Camilo Huerta y Cristóbal Risco manifestaron mediante dichas acciones que la Fiscalía comandada por el fiscal regional Hernán Libedinsky pinchó de manera irregular a Hernán Bocaz, abogado de la corporación, pidiendo que se excluyan las escuchas que se materializaron a raíz de ello.

Según postulan, los investigadores no aportaron antecedentes ni argumentos como los que exige la ley para lograr dicha interceptación, por lo que ahora el tribunal capitalino deberá dirimir si la diligencia se ajustó o no al debido proceso.

“Valoramos que el tribunal haya decidido fijar audiencia en tan breve plazo para debatir esta cuestión, que es de la mayor gravedad, porque no había antecedente alguno que justificara la interceptación telefónica al abogado Hernán Bocaz”, sostuvo al respecto la abogada Rocío Berríos, quien encabeza la defensa de Landerer.

Y agregó: “La única explicación que encontramos es que se trató de una maniobra deliberada destinada a espiar la estrategia de la defensa y esperamos que el Cuarto Juzgado de Garantía anule esas actuaciones y adopte las medidas para asegurar el respeto de los derechos de los imputados, entre los cuales se encuentra el de comunicarse libre y privadamente con su abogado. Esto es un derecho fundamental, garantizado tanto por nuestra Constitución como por los tratados internacionales que establecen las garantías judiciales mínimas”.

Postura de la Fiscalía

En días previos a la fijación de la citada audiencia, el Ministerio Público, representado por la fiscal Natalia Cumming hizo llegar un informe en que controvierte las acusaciones de las defensas.

Entre los antecedentes que expusieron, hicieron hincapié en que nunca se ocultó al tribunal que autorizó la escucha que Bocaz era abogado.

Habrían evidenciado, de acuerdo con el escrito, que Bocaz un abogado vinculado a Andrés Astorga, consignando “que realizaba trabajos propios de su profesión en beneficio de los investigados y que mantenía conocimiento respecto de determinadas situaciones vinculadas con traslados y asesorías relacionadas con la organización”.

“No resulta efectivo sostener que el Ministerio Público haya sustraído u ocultado al órgano jurisdiccional un antecedente cuya existencia se encontraba precisamente consignada en la documentación sometida a su conocimiento”, precisó la persecutora.

Agregó, igualmente, que la solicitud se fundamentó debidamente. “Existían antecedentes investigativos previos a la intervención de su teléfono, provenientes de una fuente autónoma, los que fueron incorporados a la solicitud y sometidos al control del tribunal”, sumó Cumming.

En caso que se declarara la nulidad de la intervención, manifestaron, eso no necesariamente debiera conducir a la exclusión de diligencias posteriores, pues no se habrían expuesto elementos concretos que permitan establecer que están vinculadas a ese pinchazo.

Por lo demás, se menciona en el oficio de la fiscal, los imputados no han sostenido qué diligencias o informes en concreto pretenden excluir y cómo éstos habrían implicado que se vulneraron garantías.