Cristina K anuncia reforma judicial y oposición dice que se quiere "domesticar" a jueces

Dice que la idea es “democratizar la justicia” pero, para la oposición, la reforma al Poder Judicial anunciada la noche del lunes por Cristina Fernández tendría como objetivo limitar la independencia de los jueces, entre otros cambios controvertidos.

De hecho, al anuncio realizado en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, en la Casa Rosada, no asistieron legisladores opositores, que ayer insistieron en que Cristina K quiere “domesticar” a los jueces.

Desde el regreso a la democracia en 1983, cada gobierno ha tenido una Corte Suprema a su medida. La tuvieron Raúl Alfonsín, Carlos Menem y también los Kirchner.

“El 53% de los actuales jueces fueron designados por Cristina Kirchner; el 40% del 47% restante deberá nombrarlo ella”, consignó Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación.

El proyecto, que deberá ser aprobado por un Congreso de mayoría "cristinista", tiene seis ejes fundamentales. Uno de los más importantes tiene que ver con la elección por votación popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que, además, pasarán de 13 a 19.

Este órgano confecciona las ternas de candidatos al Poder Judicial, que luego deben ser designadas por el Ejecutivo en acuerdo con el Senado.

El Consejo de la Magistratura cumple una función fundamental, ya que es el encargado de abrir el juicio político y actúa como acusador. El gobierno aspira a que los nuevos miembros del consejo se voten en primarias abiertas en agosto.

Al mismo tiempo, Cristina K también propuso que el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial sea por examen o concurso público. En esta última instancia no podrían participar funcionarios judiciales que hayan actuado durante la dictadura militar (1976-1983).

El proyecto fija, además, que el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado no podrá superar los seis meses. Esto tiene un vínculo directo con la batalla judicial que mantiene el gobierno con el Grupo Clarín, el cual ha logrado frenar con medidas cautelares la aplicación de la controvertida ley de medios audiovisuales.

Según dijo a La Tercera el analista político Julio Burdman, “hay una demanda social muy fuerte sobre la inseguridad, y el gobierno propone una reforma judicial como una respuesta política. Segundo, el gobierno quiere aumentar el peso de la política (Presidencia más Congreso) en el proceso de selección y evaluación de los jueces”.

La Casa Rosada insistió ayer en que no aceptará cambios en el proyecto, mientras que dirigentes opositores como Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió sostienen que el gobierno quiere tener mayoría “para acusar y destruir jueces”.