Revelan que Baltasar Garzón desempeña cargo similar a subsecretario de Estado en Argentina

El ex magistrado español goza de un sueldo y rango de subsecretario por ostentar el cargo de "coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos".

El ex juez español Baltasar Garzón, condenado judicialmente en España por prevaricato, goza de un sueldo y rango similar al de un subsecretario en Argentina, luego que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo nombrara “coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos” para promover la “justicia universal”.

El ex magistrado -conocido en Chile y Argentina por procesar en España a Augusto Pinochet y los argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo– ya se desempeñaba como asesor en una comisión parlamentaria de DDHH del Congreso de los Diputados argentino, sin embargo hoy el diario La Nación reveló detalles del cargo designado por la mandataria argentina.

Según la publicación del La Nación, “mediante el decreto 2319/2012, Cristina Kirchner lo designó coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos con cargo ‘extraescalafonario’ rango de subsecretario de Estado y un ingreso de 72.000 pesos (cerca de cinco millones de pesos chilenos), según registros de la Casa Rosada”. El artículo señala que Garzón rebajó esa cifra a 47.800 pesos argentinos (unos 3.298.200 pesos chilenos).

Asimismo, el matutino afirma que según otro decreto Cristina K nombró a Garzón presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh) bajo acuerdo de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia.

La Cipdh promueve a nivel mundial la “experiencia argentina de persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y delitos económicos conexos durante los 70”, según explica La Nación que al mismo tiempo afirma que “una grave condena judicial debería ser impedimento para ejercer ciertos cargos”, como es el caso de Garzón.

El delito de prevaricato se establece cuando juez dicta resoluciones contrarias a la ley, como fue el caso de Baltasar Garzón que ordenó realizar escuchas en el marco del caso Gürtel, en España. Por ello fue condenado a 11 años de inhabilitación para ejercer el cargo de juez en ese país, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo español.

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