A días del plebiscito



Por Ana María García, prof. Derecho Constitucional, U. de Chile / Presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional

Todos los procesos constitucionales de Chile han tenido lugar en medio de crisis, conflictos y quiebres institucionales.

Así ocurrió en la época que precedió a la Constitución de 1833, convulsionada por una guerra civil que dio paso a la elaboración de esa Carta, vigente por casi un siglo. A fines del siglo XIX, esa Constitución mutó de un gobierno presidencial a uno pseudo parlamentario, que dio paso incesantemente a sucesivos gabinetes presidenciales. Tiempos de crisis que culminaron en la caída del Presidente Arturo Alessandri en 1924, el advenimiento de juntas militares y posterior regreso del Presidente para elaborar la nueva Carta de 1925, con una vigencia de casi cincuenta años. Posteriormente, la crisis institucional de 1973 dio lugar, como se sabe, a la intervención militar y a la elaboración de la Constitución de 1980, controvertida por la ilegitimidad de su origen y que, no obstante sus casi trescientas normas modificadas, aún es objeto de reparos.

Por lo dicho, hoy debe valorarse que estemos ante una oportunidad histórica inédita en la que la ciudadanía podrá pronunciarse sobre un nuevo texto constitucional, dentro de un proceso institucional democrático previamente establecido y sin afectar el funcionamiento del Estado.

La democracia supone una manera de ser y de estar en un régimen político, supone un “ethos” democrático de ciudadanos que respetan el diálogo, que practican la tolerancia y la apertura al pensar de los otros, y, por supuesto, el primer requisito para que esto se materialice es el abandono de la violencia.

Luego, un nuevo texto constitucional debería ser más bien breve que extenso, contener los aspectos fundamentales de los órganos del Estado, dejando la regulación de detalle al legislador; definir los fines prioritarios de la gestión del Estado, pero sin señalar modelos específicos para alcanzarlos.

Nuestros ordenamientos constitucionales, más de dos veces centenarios, contienen un acervo histórico de adhesión a valores y a derechos, a las libertades en toda su amplitud. Asimismo, ha sido reconocida la dignidad y el principio de igualdad en sus diversos aspectos, el derecho de propiedad y los derechos sociales y económicos. Una nueva Constitución habrá de elevar el actual estándar en materia de derechos y perfeccionarlos, dando adecuada protección a los derechos sociales de educación, salud, previsión social y trabajo, con sobriedad, equilibrio y responsabilidad fiscal, sin especulaciones detalladas que más bien son declarativas que efectivas.

Aspectos imprescindibles y hasta ahora omitidos en la Constitución son el reconocimiento de los pueblos originarios, como asimismo la incorporación de medios de participación ciudadana con posibilidad de convocatoria a referéndums, plebiscitos e iniciativas legislativas, mecanismos jurídicos indispensables para complementar la actual democracia representativa.

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