Una de las noticias de esta semana fue la nueva postergación de la presentación del proyecto de ley que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta decisión ha generado críticas, pero también podría mirarse como una oportunidad para que el gobierno reevalúe sus prioridades en educación.
Si bien se presenta como un solo proyecto, en realidad son dos: i) reformular el CAE y ii) qué hacer con las deudas actuales. Sobre lo primero, hay bastante acuerdo en la necesidad de modificarlo -el último cambio fue en 2012 donde se bajó la tasa de la deuda a 2% sobre UF y se hizo contingente al ingreso (con un máximo de 10% de la renta bruta)-. De hecho, en junio 2018, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de nuevo sistema de financiamiento solidario el cual proponía, entre otros, la extinción de la deuda a los 15 años de pago, sin participación de la banca y contingente al ingreso. Si, como proponen algunos expertos en educación, se recogen algunas de sus ideas claves, bien podría haber espacio para avanzar en un acuerdo transversal.
Sobre lo segundo, si bien ya no se habla de condonación, sino que de “solución”, aún no hay claridad sobre qué significa exactamente. Pero conocemos la enorme magnitud del problema. Por una parte, la morosidad ha subido drásticamente: en 2020 era 46%, en 2022 llegó a 54% y en 2023 saltó a 60%. Por otra, una simulación de Horizontal estima el costo de una condonación total en 3,7% del PIB. Si bien esta sería menor según sean menos los beneficiados, cualquier tipo de solución implicará cuantiosos recursos para el Fisco en un escenario nada auspicioso en recaudación.
Por lo tanto, una pregunta que vale la pena plantearse antes de embarcarse en un proyecto de esta envergadura es: ¿cuáles deberían ser las prioridades en educación? Esta prioridad se refleja no solo en términos de recursos financieros, que son fundamentales, sino también respecto al tiempo, liderazgo, gestión y discusión legislativa que se desviará desde otros ámbitos prioritarios tales como la educación escolar y preescolar.
Pensemos en el Plan de Reactivación Educativa. Según cálculos de Acción Educar, la deuda del CAE es más de 300 veces mayor al presupuesto destinado exclusivamente a la reactivación educativa para el año 2024. Pero junto con los recursos, para lograr tener un impacto significativo, se requiere definición de metas claras, seguimiento, evaluación, retroalimentación, rendición de cuentas; es decir, gestión. Revisando la información oficial disponible, vemos estrategias y acciones, pero ¿dónde están los objetivos específicos y su nivel de cumplimiento? Por dar sólo un ejemplo, en 2023, más de 50.000 estudiantes desertaron del sistema, un número incluso mayor que en 2022. Desde el Mineduc, se han desarrollado diversas estrategias, incluyendo aulas de reingreso y un piloto sobre sistema de detección temprana. De ellas, cabe preguntarse si serán suficientes ya sea en número, como en recursos destinados a ellas como para lograr reinserción y evitar la deserción.
Por otro lado, para mejorar la calidad de la educación, sabemos que los docentes juegan un rol clave. Se han levantado importantes voces de alerta respecto a una nueva postergación en la implementación de las condiciones para ingresar a Pedagogía -criterios ya sea en puntajes PAES o desempeño escolar definidos en la ley de nueva carrera docente-. Así, ante la caída de la matrícula y la dificultad para cumplir las condiciones definidas en la ley, en vez de una nueva postergación, se podrían estar repensando los incentivos y estrategias para hacer más atractiva la profesión. Esto tanto para quienes ingresan a estudiar Pedagogía como para quienes la ejercen y buscamos que se mantengan, y para quienes la abandonaron para dedicarse a otras actividades.
Parafreseando, donde pones el tesoro (de la nación), pones tu corazón:en los meses que siguen tendremos la oportunidad de ver dónde deja su legado educacional el gobierno.
Por Carmen Le Foulon, académica, Escuela de Gobierno UAI
