Hace poco, por un trámite de posesión efectiva, me enteré de un anacronismo brutal: si hubiera estado casada habría requerido de la autorización de mi marido para recibir una pequeña herencia que nos dejó mi padre. No lo podía creer. Ya no me sentía en Chile, sino en Irán, donde para tener una licencia de conducir, una mujer debe contar con la autorización de su marido.
¿Cómo es posible que en 2024 pase esto? Investigué un poco más y descubrí con horror que en Chile, además, la mujer casada debe “pedir permiso al marido” para vender o solicitar un crédito, y que desde el 2008 se tramita un proyecto de ley que busca cambiar esta situación. En la sociedad conyugal el marido es jefe y administrador de los bienes sociales y los de su mujer. Esto no solo hace al matrimonio menos deseable para una mujer, sino que es discriminación. ¿Qué lo justifica? Claramente, lo que está de fondo es un pensamiento improcedente, machista y patriarcal, a saber, eso de que la mujer no posee las mismas facultades racionales que el hombre. Mientras que este último es el jefe de hogar; la mujer es infantilizada, considerada “parcialmente” incompetente.
De poco o nada ha servido que la neurociencia demostrara que, entre los cerebros masculinos y femeninos, no hay diferencias significativas. Por otra parte, ¿no les parece un descaro que se espere que la mujer asuma la administración de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, pero no de los bienes del hogar?, ¿ni siquiera de sus propios bienes? La mujer casada, en vez de ser considerada un igual, capaz de tomar decisiones autónomas y responsables, deviene en una suerte de propiedad poco-pensante del que su marido debe disponer. Una vergüenza.
En este sentido, ¿no sería una forma de reparación retroactiva, no solo terminar con esa desigualdad y discriminación, sino también avanzar lo más pronto acabar con lógicas de permisos y garantizar más derechos para las mujeres, por ej. despenalizar el aborto hasta la semana 12 sin causa mediante? En Chile se realizan entre 30 mil y 150 mil abortos clandestinos al año, lo que no solo significa un problema de salud pública, sino también de justicia social. Ello, dado que la mayoría de las mujeres más afectadas son adolescentes, mujeres pobres y migrantes. Despenalizar significa así proteger y regular, pero no incentivar como confunden algunos -en Alemania, por ej., en los últimos años se advierte una reducción de abortos, es decir, no hay una “pandemia abortiva”-. Por último, hay evidencia de que muchos médicos son objetores de conciencia y dejan a las mujeres abandonadas a su suerte. Nuevamente es un tercero el que decide por ella.
¿Cuánto tiempo debe pasar para que las mujeres podamos tener los mismos derechos -sobre los propios bienes y decisiones- incluyendo el propio cuerpo? Ojalá no pasen 16 años más.
Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile
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