En el proceso constituyente la ciudadanía ha depositado esperanzas de consagrar nuevos y más profundos derechos sociales. Ese es un objetivo del cual nadie quiere restarse. Pero el gran desafío es que dichos derechos no queden solo en declaraciones, sino que se traduzcan en un mayor bienestar social.
Este desafío depende en buena medida de la capacidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos, lo que en su dimensión financiera inevitablemente lleva a reflexionar sobre la responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Esto, pues los derechos sociales pueden llegar a requerir varios puntos del PIB de gasto público.
Al respecto, la responsabilidad fiscal no debe mal entenderse como un freno a los derechos, sino que todo lo contrario: como una herramienta para hacerlos viables y sin riesgos de retrocesos.
Por una parte, una política fiscal sostenible destina un menor gasto en intereses de deuda, lo que libera recursos para gastos sociales prioritarios. La experiencia chilena muestra que a principios de la década de los 90 el pago de intereses representaba casi el 10% del gasto público; en contraste, en el período de menor endeudamiento (2005-2009) el pago de intereses no superó el 4% del gasto.
Por otra parte, la responsabilidad fiscal permite sostener el gasto público en períodos recesivos o ante emergencias, como terremotos, pandemias o crisis financieras. Nuestra historia también lo ejemplifica: mientras en la crisis de los años 80 el gasto social se ajustó cerca de 9 puntos del PIB hacia fines de la década; en la crisis de 2008-09 los ahorros del Fisco no solo permitieron mantener el gasto, sino que, además, entregar ayudas extraordinarias.
Por tanto, es indispensable que, así como consagrará derechos sociales, la Constitución también considere los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
Esta reflexión tiene un buen punto de partida. La anterior propuesta de nueva Constitución incluyó un artículo que señalaba que “las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”.
Más aun, el acuerdo y la ley que habilita el nuevo proceso constituyente establece que la nueva Constitución tendrá entre sus bases fundamentales que el Estado de Chile “promueva el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal”.
Pero para resguardar la responsabilidad fiscal no basta un principio general. Deben establecerse también las bases institucionales que lo hagan operativo. Así, debe definirse una arquitectura fiscal que promueva y haga posible un manejo responsable de las finanzas públicas, lo que abarca, entre otras materias, definiciones sobre descentralización, proceso presupuestario, reglas fiscales, e iniciativa de gasto, tributación y deuda. Como Consejo Fiscal Autónomo, haremos los esfuerzos por aportar antecedentes técnicos y propuestas en estas materias.
Por Jorge Rodríguez Cabello, Presidente del Consejo Fiscal Autónomo
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