Columna de Luis Larraín: Audios, mensajes y la caja de Pandora

La grabación subrepticia de la conversación entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos con su cliente Daniel Sauer desató una trama con efectos devastadores en el prestigio de personas e instituciones.

Recordemos que la información del teléfono celular de Hermosilla le costó el cargo al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, por la filtración de información reservada sobre diversas investigaciones.

Pero lo que se ha discutido las últimas semanas en las audiencias de formalización de Hermosilla, Villalobos y su esposo es concretamente la imputación de soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

La jueza Mariana Leyton determinó para Villalobos y Hermosilla la cautelar de prisión preventiva, arguyendo un peligro para la sociedad y sospecha de que podrían entorpecer la investigación.

Una torpe declaración del Presidente Boric motivó la reacción del abogado de Luis Hermosilla (su hermano Juan Pablo) quien acusó intervención política que habría perjudicado a su cliente en las condiciones de su prisión preventiva; luego de lo cual se cambió el penal de su reclusión y el foco de la noticia se fue a los dichos de Boric y sus ministros.

Las actuaciones y dichos de Luis Hermosilla han hecho daño a las instituciones afectando la confianza, necesaria para que todos respeten las reglas, clave en una sociedad que aspira a desarrollarse en paz. Quienes creen que afectan solo a un sector político y pretenden sacar ventajas, omiten que fue abogado del jefe de asesores de Boric.

Nuestro sistema judicial es de las instituciones más afectadas en este caso y por lo mismo debe actuar de manera impecable. Es acertada entonces la decisión de la fiscalía de entregar a la defensa de Luis Hermosilla todos los mensajes de su teléfono para evitar el uso sesgado de éstos, lo que ha ocurrido anteriormente.

Las conductas reprochables de Luis Hermosilla no necesariamente constituyen delitos. Si bien en las grabaciones la intención de soborno parece evidente, debe probarse. Las acusaciones de lavado de activos y delitos tributarios no quedan claras en los alegatos. Mientras más amplios y menos precisos son los delitos, más difícil resulta acreditarlos.

Más allá de la chimuchina, que abunda y continuará, una reflexión interesante ha sido la del profesor Alejandro Vergara. Ha dicho que mientras más zigzagueantes sean las resoluciones judiciales, mayor peligro corre la ética. La Corte Suprema no cumple cabalmente el rol de uniformar jurisprudencia para tener igualdad ante la ley. Los ciudadanos quedan así a merced de la arbitrariedad de jueces que hacen alarde de activismo judicial y por eso es tan útil tener conexiones y lealtades. Saquemos también lecciones positivas de tan luctuosos sucesos.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo