La situación de la migración en Chile se ha transformado en una crisis de las instituciones del Estado. La falta de evidencia en los discursos de los actores políticos para construir diagnósticos y proponer soluciones en esta materia está complicando más el escenario, porque induce a la xenofobia y nos desvía de las políticas que son indispensables.
Esto está ocurriendo desde todos los ángulos políticos. Por un lado, ex personeros del gobierno anterior han planteado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de modificar la actual ley de migraciones, para incorporar como delito el ingreso por pasos no habilitados. El argumento se basaría en cuánto han aumentado o disminuido los ingresos clandestinos, hecho que no es un factor que explique per se, ni que determine, la actual crisis de seguridad.
Por otro lado, el canciller Van Klaveren, en una entrevista que dio a un medio internacional, si bien identificó dos elementos clave en esta crisis migratoria a nivel regional, como son la baja cooperación entre los estados y el ingreso clandestino de bandas criminales al país, también incurrió en afirmaciones que son bastante preocupantes respecto al foco de la autoridad para abordar los desafíos actuales: hizo énfasis en las políticas de repatriación de venezolanos, relacionó criminalidad fundamentalmente con la movilidad venezolana, y afirmó que Chile agotó su capacidad de recibir migrantes.
Es grave que el canciller se refiera a una política de repatriación de venezolanos como la única acción de una eventual cooperación internacional. Esta exclusiva mención desconoce la situación de Venezuela, donde sigue en el poder un régimen político que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, y que es la razón principal de la emigración de ese país.
Sobre la relación entre migración e ilícitos penales, vale la pena aludir a los datos difundidos en un medio de comunicación nacional el pasado 23 de abril. En esa publicación, el Ministerio Público informó sobre los resultados de un estudio en 17 comunas de la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde se mostró que para el primer trimestre de 2023, del total de las personas imputadas (4.519), solo 391 son extranjeras, y de este grupo, apenas 33% son venezolanos. La relación migración, delincuencia y venezolanos no es sostenible.
Finalmente, cabría preguntarle al canciller cuál es el sustento teórico que determina la cuantificación de esta supuesta capacidad migratoria de Chile y, en consecuencia, cuántos son los migrantes que puede recibir el país, así como cuántos actualmente están de sobra.
Lo curioso es que los sectores económico y científico chileno no se “quejan” de los migrantes. Por el contrario, solicitan que en vez de relacionar migración y delito, se relacione a la migración con el desarrollo productivo de Chile, a través de permisos de trabajo que estén orientados a los rubros estratégicos que requieren de trabajadores y trabajadoras para impulsar el crecimiento económico chileno. También le piden al Estado que aplique el marco normativo vigente, es decir, la Ley 21.325 de migraciones y la Ley 20.430 sobre refugio, que se descentralice la migración para descongestionar la zona norte del país, que mejore la inteligencia en materia de seguridad ciudadana, para acabar con las bandas criminales que se aprovechan de esta crisis humanitaria, y que la cooperación internacional impulse corredores humanitarios seguros en la región.
Por Neida Colmenares, académica Universidad Central de Chile y presidenta del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones
Ministro: ¿Cuántos migrantes sería el tope?
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