SEÑOR DIRECTOR:

Mi principal inquietud al momento de suscribirse el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, era el efecto de un eventual triunfo de la opción “Rechazo” en el plebiscito ratificatorio de la propuesta emanada de la Convención Constitucional. De acuerdo a la reforma que le dio cauce institucional, es la continuidad en la vigencia de la norma jurídica fundamental que hoy rige a Chile.

Mi preocupación radicaba en el carácter antidemocrático de este efecto, pues contraviene la voluntad popular expresada en el plebiscito nacional de 2020, en el cual un abrumador 78,28% de los ciudadanos que concurrieron a sufragar, optaron por dotar a nuestro país de una nueva Carta Magna. Que el pueblo no apruebe la propuesta, en ningún caso querría decir que haya desistido en su anhelo de proclamar una nueva Constitución política.

La negativa, por parte de una fracción de los defensores de la opción “Apruebo” (quienes alegan que aquello le resta impulso), a contemplar una reforma que establezca un mecanismo de continuación del proceso constituyente, de verificarse la hipótesis del rechazo a la propuesta, representa un problema. Ello, porque coloca a quienes no convenza lo ofrecido, sin perjuicio de ser partidarios de una nueva Constitución, en una disyuntiva difícil, incluso injusta: dar su venia a un texto que juzgan deficiente o inapropiado, o mantener la Ley Fundamental actual.

En este contexto, celebro la más reciente declaración del Presidente de la República, quien ha confirmado su intención de promover el reinicio del proceso, vía mensaje de reforma constitucional dirigido al Congreso Nacional, en caso de rechazarse la propuesta de la Convención. En tal evento, naturalmente será en sede legislativa donde se consensúen las condiciones bajo las cuales se desarrollaría.

Dada la posición de liderazgo del Jefe de Estado y de Gobierno, su apertura debería tener un efecto político estabilizador, fomentando la consecución del objetivo último de este período: entregarle a la nación una nueva Constitución. De este modo, la sociedad chilena podrá afrontar el tiempo previo al 4 de septiembre con mayores niveles de certidumbre y tranquilidad.

Juan Pablo Pinto Montero

Abogado U. de Chile

Militante PS