¿Desigualdad de mercado o de Estado?

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Uno de los factores que incide en el malestar social tiene relación con la desigualdad. Se dice que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Esto es falso. Si comparamos el índice de GINI, que es uno de los indicadores para medir la desigualdad, observamos que Chile no es el país más desigual de Latinoamérica ni se encuentra dentro de los países más desiguales del mundo. Sin embargo, en comparación con los países desarrollados o con un PIB per cápita similar somos tremendamente desiguales.

¿Por qué? Hay quienes sostienen que la desigualdad en Chile es producto del mercado: la desregulación y los abusos, que se expresan en bajos salarios y altas utilidades, serían el principal factor. ¿Es el mercado el culpable? Sí y no. Es verdad que el mercado produce desigualdad. Si comparamos la desigualdad producto del mercado, es decir las diferencias que existen en ingresos por salarios y rentas del capital antes de impuestos y transferencias del Estado, en los distintos países desarrollados, advertimos que prácticamente todos los países desarrollados son tremendamente desiguales, incluso más que Chile. La desigualdad de Chile producto del mercado es igual a la de Finlandia, Francia y Austria, y menor que la del Reino Unido, España, Italia, Irlanda y Alemania, entre otros. ¿Significa que en nuestro país no hay abusos? No, pero estos no son suficientes para explicar nuestra desigualdad, que es igual a la de Finlandia, uno de los países más igualitarios del mundo.

¿Cómo es esto posible? Mientras los países desarrollados logran reducir su desigualdad de forma importante a través de impuestos y transferencias del Estado, Chile prácticamente no reduce su desigualdad. Finlandia logra reducir su GINI de 0,50 a 0,26, Italia de 0,52 a 0,33, Alemania de 0,51 a 0,29, Irlanda de 0,58 a 0,31. Chile, en cambio, pasa de 0,50 a 0,47. En esto nos debiéramos concentrar.

Debemos mirar cómo los otros países han logran reducir su desigualdad sin afectar su competitividad económica. Este gobierno y el anterior han propuesto reformas tributarias, pero en ninguna de las propuestas ha estado la progresividad en el centro. La reforma tributaria pasada no solo no recaudó lo que pretendía, sino que tampoco recaudó de quienes debía. Hoy tenemos la oportunidad de repensar nuestro sistema tributario para ver cómo podemos recaudar más de quienes tienen más, sin afectar nuestra competencia económica. Pero no basta con esto. Si analizamos qué factor es el que más incide en la reducción de la desigualdad, no son los impuestos sino las transferencias directas del Estado. Este aspecto clave ha estado siempre ausente del debate. No es casual que así sea, pues la ineficiencia del gasto fiscal se debe en gran parte a su captura por los propios intereses de los parlamentarios, del gobierno y los grupos de poder (camioneros, empleados públicos, portuarios, etc.). La gran mayoría de los programas de desarrollo social están mal evaluados, pero siguen siendo financiados a pesar de no tener impacto. Tenemos la oportunidad de reformular el gasto fiscal privilegiando las transferencias directas que van directamente a quienes hoy tienen menos.

Pero tenemos un problema. En tiempos convulsionados suelen salir ganando los grupos que tienen mayor poder de coacción, como el gremio de los camioneros, que sin pudor alguno buscan agrandar aún más su tajada a costa de las personas más pobres. ¿Tendrá nuestra clase política las agallas para resistirse de una vez a las amenazas de los grupos con más poder para realmente beneficiar a los más pobres?

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