El dilema del ministro Briones



Por Guillermo Larraín, Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile

Con su prudencia y calma habituales, el ministro ha señalado que no puede quemar todos los cartuchos, esta crisis puede ser larga. Es una opción legítima pero errada, pues no reconoce la naturaleza única del shock y el tamaño potencial de la recesión. La incertidumbre es tal que el Estado debe absorber el grueso de los riesgos, salvo que el ajuste sea vía desempleo y quiebra de empresas.

Llevemos el análisis al extremo: ¿qué pasaría si no se tomaran medidas económicas a partir de, digamos, julio? Con cuarentena parcial o total, sin producción ni ventas, las empresas destruirían más empleos. Quienes los mantuvieran sabrían que en cualquier momento podrían perderlo y ahorrarían. Esto agravaría la caída en la demanda interna. Entraríamos en un círculo vicioso de recesión y desempleo cuyas consecuencias, incluso fiscales, son negativas. La prioridad uno de la política económica debe ser impedir esto.

Este es el dilema del ministro: si guarda demasiadas municiones arriesga no evitar el círculo vicioso de desempleo, quiebras y caídas en la demanda. Con deuda pública de 24% del PIB, el segundo más bajo de la OCDE después de Estonia, Chile puede usar recursos públicos para combatir inteligentemente esa espiral.

El objetivo es impedir el desempleo masivo. En políticas keynesianas, esto se hace con gasto o inversión públicas. Ahora no: en lo social y laboral urgen mecanismos de transferencias de ingreso a personas a través de sus empresas, pero que afecten comportamiento. En lo financiero, urge masificar y agilizar el uso de garantías estatales y líneas del Banco Central. Me referiré solo a lo primero.

Las familias deben mantener su consumo y las empresas sus empleos. La política actual tiene dos fallas. El trabajador recibe inicialmente el 70% de su sueldo, pero el beneficio cae y desaparece al mes seis. Pero el trabajador que recibe esta ayuda no puede trabajar. Mala mezcla.

Primero, el 70% debe mantenerse mientras dure el estado de catástrofe. El incentivo no es a buscar trabajo (lo que se quiere en recesiones tradicionales) sino a mantener consumo.

Segundo, para una empresa el contrato de quien no trabaja es puro costo. A medida que sea claro que la crisis durará más de seis meses, las empresas preocupadas por su sobrevivencia evaluarán que es mejor despedir. Para evitarlo, aun si una empresa se acoge a la Ley de Protección del Empleo, es crucial que sus empleados puedan trabajar.

El acceso debe ser masivo. Dinamarca, Alemania y Francia dan acceso a todas las empresas, pero con topes. Chile debe ser agresivo en esto: cualquier empresa debe calificar. Es políticamente sensible, pero no hay alternativa.

Las políticas actuales pueden mejorar. Evitemos soluciones a medias y concentremos el poder de fuego en pocas medidas, bien diseñadas y con suficientes recursos. Chile puede hacerlo.

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