La presentación por parte del gobierno del proyecto de ley “para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social” reveló la radical decisión de la ultraizquierda y la izquierda, en orden a ser una oposición que, en lugar de incidir, prefiere el camino de obstruir. En ello no hay nada nuevo pues nos recuerda el tipo de oposición que enfrentó el Presidente Piñera en sus dos mandatos. Sin embargo, en esta ocasión el Partido de la Gente, de la mano de Franco Parisi, hizo trizas el binario escenario y al dar su apoyo, no solo viabilizó la ley, sino que desnudó la verdadera cara de la oposición.

Por lo mismo, desprovistos ahora de una mayoría que les permita reeditar la estrategia de negar la sal y el agua al gobierno, aunque ello implique sacrificar los intereses superiores del país, surgió la tentación de recurrir al Tribunal Constitucional para poner freno a cualquier avance legislativo del gobierno.

Así, con cierto descaro y no poco pudor, los mismos que antaño decían que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara que torcía la voluntad democrática, al punto que pretendían suprimir dicha institución, hoy alertan que podrían acudir a ella. En el fondo para las izquierdas las instituciones valen solo en la medida que las beneficien, lo que con el Tribunal Constitucional alcanza niveles de caricatura. De hecho, uno ingenuamente podría haber pensado que existía una convicción sustentada en principios en orden a que una democracia sana no debe aceptar que un órgano no electo corrija políticamente lo que resuelve el Congreso Nacional. Sin embargo, ahora que sectores del PS, DC y Frente Amplio vuelven a blandir el fantasma del Tribunal Constitucional queda en evidencia la hipocresía subyacente. Salta a la vista que no ha cambiado la teoría constitucional, sino solo la utilidad política del tribunal.

Por ello, el desafío para nuestra democracia está en articular actuaciones políticas coherentes y no oportunistas, que se hagan cargo de una deliberación no mediada por rencores ni acciones performáticas, sino por los intereses superiores del país. No deja de ser una paradoja que quienes fueron tildados de populistas sean hoy quienes mejor entiendan aquello. Nada parece quedar de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, ni de esa centroizquierda que alguna vez entendió la importancia del crecimiento económico de Chile.

Mauricio Electorat en su obra “No hay que mirar a los muertos” cita un texto del fallecido poeta Armando Rubio que resulta acorde con este momento político: “No hay que mirar a los muertos/quien los mira una vez, se va con ellos”. ¿Será acaso ese el destino de los anquilosados partidos políticos de la ex Concertación aferrados a sus viejas marcas y cascarones, canibalizados por la ultraizquierda del Frente Amplio y el leninista Partido Comunista? La tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional lo esclarecerá.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile