El primer mes de gestión del gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por la intensidad. Sin embargo, intensidad no es sinónimo de efectividad. Cuando no existe estrategia ni impacto concreto en la vida de las personas, la acción estatal pierde resonancia. Desde una mirada general, se percibe una desconexión entre la agenda y las necesidades de la ciudadanía.

En materia migratoria, el gobierno ha avanzado principalmente en dos frentes: el denominado “Escudo Fronterizo”, basado en zanjas en el norte del país, y una agenda administrativa que combina reformas legales con cambios en la institucionalidad del Servicio Nacional de Migraciones.

Es deseable el control fronterizo. Sin embargo, en el despliegue en el norte, es evidente el alto componente efectista: maquinaria pesada y protagonismo presidencial. Surge entonces una pregunta: ¿cuál es la eficacia de esta medida considerando sus costos? Según cifras oficiales, los ingresos por pasos no habilitados vienen disminuyendo, con una caída del 54% durante el gobierno anterior.

Todo indica que la tendencia a la baja se mantendrá, considerando los cambios recientes en los flujos migratorios desde Venezuela. En este contexto, concentrar la estrategia en una zanja es riesgoso, especialmente cuando en los últimos dos años se avanzó en mecanismos, como el Protocolo de Reconducción con Bolivia, que requiere necesariamente coordinación permanente.

Un segundo aspecto relevante es la gestión de la población migrante irregular dentro del país. Se estima que supera las 300 mil personas. El proceso de empadronamiento biométrico 2024 logró registrar a cerca de 183 mil, lo que deja un margen que el gobierno debería abordar. Para el Estado, conocer quiénes están en su territorio no es solo deseable, es necesario.

Sin embargo, la estrategia está orientada en otra dirección. Se busca activar un rol fiscalizador en el Servicio Nacional de Migraciones (que por ley no tiene), trasladando presión hacia los empleadores que contratan personas en situación irregular. Esto plantea un problema práctico: la medida profundiza la precarización, empujando a las personas hacia espacios aún más informales.

La agenda legislativa reciente refuerza este enfoque. Se discute la tipificación del ingreso irregular como delito, la restricción de beneficios sociales y mecanismos para incentivar la salida voluntaria del país (entrega de fondos de AFP). Se trata de medidas de mediano plazo, que contrastan con la urgencia discursiva.

La gestión migratoria requiere un debate más profundo. No puede reducirse a una agenda que omite a más de 1,3 millones de migrantes que viven regularmente en el país, sosteniendo buena parte de la estructura económica y social. El predominio de medidas punitivas corre el riesgo de sustituir políticas públicas integrales, que requieren coordinación institucional, evidencia y visión de largo plazo.

Por supuesto, la irregularidad migratoria es un desafío. Pero abordarla exclusivamente desde una lógica de persecución ha demostrado ser insuficiente en diversas experiencias internacionales. Chile aún está a tiempo de corregir, fortaleciendo la cooperación internacional, mejorando los sistemas de información y avanzando en políticas que combinen control, integración, y hoy; lo más importante: realismo.

Por Juan Pablo Gutiérrez, sociólogo, Magíster en Ciencias Sociales, Observatorio de Políticas Públicas en Migración, Rumbo Colectivo.