1.505.707.732.640 es la cifra total de pesos que, según Contraloría, presentaron observaciones en el último proceso de fiscalización. De acuerdo al reporte de la entidad, las observaciones formuladas al uso de recursos públicos incluyen desde incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias, hasta deficiencias en el proceso de rendición de cuentas. Y las acciones que debieran derivar de dichas observaciones, en opinión del organismo, podrían ir desde procedimientos disciplinarios a la restitución plena de los dineros comprometidos, de los reparos administrativos a las denuncias al Ministerio Público.

El monto descomunal de recursos que merecieron observaciones incluye apenas un año de gestión, del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, ilustrando la magnitud del problema que el Estado tiene a la hora de gastar e invertir el dinero de todos los chilenos. En los últimos días, hemos vuelto a tener antecedentes de un caso que ya resulta paradigmático: según la Contraloría, a septiembre del año pasado la Junaeb solo había logrado entregar un tercio de los útiles escolares comprometidos, es decir, casi dos millones de niños debieron pasar varios meses asistiendo a clases sin los materiales imprescindibles para su proceso educativo. Sobra decir que esos escolares pertenecen a los sectores más vulnerables, sectores a los cuales el Estado, producto de sus propias ineficiencias, está perjudicando de manera directa.

Las observaciones de Contraloría sobre el uso de los recursos, la noticia de que cientos de miles de niños llegan a la escuela sin sus materiales, ponen el dedo en la llaga de una controversia siempre vigente, pero que adquiere centralidad en periodos electorales: ¿el Estado y la gestión pública tienen de verdad hoy un problema de escasez de recursos? ¿Tiene sentido seguir aumentando los montos fiscales sin antes corregir en serio el uso ineficiente que se hace de ellos?

Son interrogantes que poseen un inevitable componente ideológico pero que, a la luz de los antecedentes que entrega Contraloría, también de lo ocurrido con las licencias médicas falsas y casos como el de las fundaciones, entre otras cosas, debieran obligar a un compromiso político: empezar a mirar de una vez el tema de los recursos públicos desde la lógica del cuidado y la responsabilidad. Porque la magnitud de la ineficiencia y el despilfarro, sin descartar el robo y la malversación, ha llegado a límites exorbitantes, dañando precisamente a quienes se supone debieran ser la primera prioridad.

Muchas voces dirán que es imprescindible poner en la balanza las cosas que el Estado hace bien, mirar también el vaso medio lleno. Y es cierto, la gestión pública tiene muchos logros que es necesario no solo reconocer, sino que incentivar y promover. El problema es que el vaso medio vacío es hoy de tal magnitud que es imposible no considerarlo una situación de emergencia nacional. Una emergencia cuyo monto alcanza nada menos que a 1.505.707.732.640 de pesos. Una cantidad simplemente indecible.

Por Max Colodro, filósofo y analista político