Indispensable reforma a notarios y conservadores

Un artículo publicado por este medio ilustró el millonario patrimonio de que disponen especialmente dos de los tres titulares del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, donde abundan los bienes raíces ubicados en comunas del sector alto. Los datos, consignados a partir de la declaración de intereses y patrimonio al que están obligados notarios y conservadores, pone de manifiesto las enormes rentas que estos funcionarios pueden llegar a amasar por el desempeño de funciones monopólicas, que se ejercen de modo vitalicio, sin buenas regulaciones que permitan un mejor control de los aranceles y con mecanismos de designación que evidentemente resultan muy poco transparentes.

Si bien las funciones que desempeñan los conservadores y notarios en general brindan suficiente confiabilidad, es inadmisible que el Estado consienta que bajo su alero se puedan crear las condiciones para que en el ejercicio de funciones públicas y reguladas se capturen rentas millonarias, lo que explica el apetito por ocupar este tipo de cargos y las resistencias por introducir modificaciones que permitan racionalizar estos ingresos y facilitar la entrada de nuevos actores. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, realizado en 2018, encontró que respecto de los 17 trámites más comunes en notarías, en el 100% no se respetó el valor del arancel establecido, mientras que a la hora de explicar las rentas tan elevadas -el notario promedio obtenía entonces ingresos por unos $14 millones mensuales- se advierte falta de competencia.

Asimismo, se ha podido determinar que más del 50% de los notarios y conservadores tenía algún parentesco con parlamentarios o con miembros del Poder Judicial. Recientes revelaciones a propósito del caso “Topógrafo” están dejando al descubierto maniobras desde el interior del propio Poder Judicial para favorecer determinadas designaciones de notarios.

Es evidente que el sistema de notarios y conservadores necesita cambios indispensables, no solo en su sistema de designación, sino que además apunte a introducir modernizaciones sustantivas, que simplifiquen los trámites, los haga más ágiles y que estos sean a precios más competitivos. Hace casi seis años que se presentó un proyecto de ley para abordar la modernización de este sistema, donde ha sido posible apreciar las resistencias que genera el cambio, siendo evidente que la lentitud de su tramitación -pese a que fue aprobado por la Cámara en enero de 2020, en el Senado la demora ha sido evidente- responde a los diversos intereses que hay en juego. En esto ha habido situaciones escandalosas, como el hecho de que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, sin entregar explicaciones convincentes, eliminó la figura de los fedatarios, una de las innovaciones que traía este proyecto de ley y que contribuiría a abaratar costos por gestiones notariales y entregar más alternativas a los usuarios.

Tampoco pueden seguir siendo cargos vitalicios -un inusual privilegio dentro del sistema público, y donde al menos parece haber acuerdo en que debe limitarse la edad máxima hasta los 75 años-, y es necesario apuntar a que el máximo número de trámites se pueda hacer de manera digital. Las designaciones deben hacerse por entidades ajenas a presiones políticas y corporativas -en ese sentido la ADP parece una alternativa razonable-, en tanto que los aranceles de notarios y conservadores deben ser también una materia mucho mejor regulada. Estos se encuentran fijados desde el año 1998, sin que reflejen los costos reales, y más allá de que el Ministerio de Justicia haya decidido abocarse a revisarlos y actualizarlos por IPC, su estructura debe ser simplificada y su valor responder a esquemas competitivos.