Por Octavio del Favero, director ejecutivo de Ciudadanía Inteligente
El proceso constituyente es una oportunidad única para la democracia en Chile. Es algo que hemos escuchado y repetido en incontables ocasiones desde que comenzó este proceso. La pregunta es, ¿de qué forma? ¿Qué tiene que pasar para que esta potencialidad se transforme en realidad? Hay dos grandes cuestiones a las que mirar para responder esta pregunta: el proceso y el resultado.
La primera tiene que ver con la forma en que la nueva Constitución sea redactada y en la que la Convención desarrolle su trabajo. Para ello se parte ya de los estándares que desde hace años se vienen discutiendo en el país sobre los niveles de transparencia, probidad, prevención de conflictos de interés y control al que deben estar sujetas las instituciones representativas, su personal y representantes políticos en general. Al respecto, ya se han dado señales para el reglamento, donde la Convención se propone cumplir con reglas aún más estrictas que las vigentes para, por ejemplo, el Congreso.
Relacionado también con los aspectos procedimentales es lo referido a la participación ciudadana. Acá también las señales son auspiciosas y la Convención y sus comisiones de trabajo han demostrado una voluntad notable, y que contrasta con otros órganos de representación en el pasado, por establecer profundos y diversos canales de comunicación con la ciudadanía. Sus comisiones provisorias ya recibieron alrededor de mil audiencias públicas en un mes de trabajo, recorrieron diversas regiones del país y se han propuesto mecanismos innovadores para hacer de la participación una cuestión permanente.
La segunda parte tiene que ver con el resultado. La nueva Constitución debe hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía y de las circunstancias que llevaron al país a los actuales niveles de desconfianza ciudadana en las instituciones, desigualdad económica, injusticias de género, crisis ambiental, precariedad laboral, racismo, entre otras. No atender estos asuntos sería un atentado grave para la justicia en Chile y podría significar riesgos mayores para el funcionamiento de la democracia en el país, debido a la frustración y desconfianza.
Por eso, es fundamental que se incorpore un nuevo catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el texto aprobado. Que cuente además con una perspectiva de igualdad de género, multiculturalidad y descentralización, con un Estado garante y principios de políticas económicas y fiscales con perspectiva de derechos humanos. Adicionalmente, y con el objetivo de hacer efectivos esos derechos en la práctica, tenemos la oportunidad de consagrar innovaciones democráticas que aseguren una organización desconcentrada del poder político, encaminando al país a una democracia plena, con representación diversa y participativa. Mediante la participación y representación de la ciudadanía en la política es que los derechos que se declaren hoy sean una realidad en el futuro y no queden en letra muerta.
Para contribuir a lograr estos objetivos, de proceso y resultados, es que hemos creado laconstitucionesnuestra.cl, plataforma digital que visibiliza propuestas ciudadanas para la nueva Constitución y permite a los y las convencionales adherir con aquellas que les sean afines de forma pública y transparente. Mediante la comunicación efectiva e incidente entre ciudadanía y Convención encontraremos los cambios que Chile demanda y necesita.
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