La solución es tarea para la conducción política

SEÑOR DIRECTOR:

En una reciente columna se ha destacado el problema del respaldo jurídico y falta de debido proceso a militares que, cumpliendo con su deber o consigna, emplean las armas que el Estado les ha entregado para su empleo en proteger vidas y bienes de sus compatriotas.

Es necesario reconocer que emplear a fuerzas militares en estos casos constituye una excepcionalidad, una decisión política del más alto nivel, ante una situación en que se ha sobrepasado la capacidad de respuesta del sistema normal de prevención y persecución del delito con solo las fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La decisión de este empleo es del Poder Ejecutivo, es autorizada por el Congreso y tiene implicancias para otras instituciones y personas que intervienen en la acción y en la generación de condiciones para restablecer el Estado de Derecho.

Una decisión de esta magnitud implica también asumir la responsabilidad política de aceptar las consecuencias. Esto amerita adoptar medidas legislativas, administrativas y operativas, para aumentar la efectividad y minimizar los daños, incluyendo la adecuación del marco jurídico asociado. Esto no debe reemplazar la búsqueda de soluciones de fondo, para evitar que la excepcionalidad se convierta en una nueva normalidad.

La denominada ley Naim-Retamal es un avance que afirma la certeza en casos de legítima defensa. Sin embargo, la sola autodefensa no es suficiente para cumplir la misión, sino que su deber o consigna se cumple usando la fuerza legítima del Estado para proteger a otras personas y bienes, contribuyendo a mantener el Estado de Derecho.

Esto es lo que permite otorgar un entorno de seguridad, que reemplace el temor y la incertidumbre por la esperanza de desarrollar proyectos de vida, con certezas y en paz.

Cristián de la Maza

Ex subsecretario de Defensa