Por Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Benito Baranda, convencional constituyente por Región Metropolitana (Distrito 12), Independientes No Neutrales; y Tomás Laibe, convencional constituyente por Región de Aysén (Distrito 27), Colectivo Socialista
“La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.” (Art. 19 N°2 CPR 1980).
La Constitución que hoy nos rige aspira a mantener un trato igualitario frente a toda persona que pisa este territorio. Pese a lo anterior, hemos sido testigos de una política que ha criminalizado a las personas migrantes: solo durante este 2021, el gobierno ha expulsado, administrativa y colectivamente, a 132 de ellas sin antecedentes penales, solo por el hecho de ingresar al país por pasos no habilitados.
Algunas detenciones se realizaron los días viernes y las expulsiones el día domingo, impidiendo que las personas pudieran solicitar a un tribunal la revisión de su situación, vulnerando las garantías del debido proceso y el acceso a defensa. Todo esto acompañado de una puesta en escena que denigra y que contribuye a los prejuicios en contra de la población migrante; y de graves denuncias, como la presentada en contra de la Policía de Investigaciones de haber abandonado a siete extranjeros en medio de la carretera el pasado 23 de junio. La Corte Suprema, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, HRW y el Senado, han condenado estas expulsiones, pues, además de los vicios ya descritos, vulneran disposiciones del Derecho Internacional.
Asimismo, durante el año 2020, Chile rechazó miles de solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática a venezolanos, instrumento que el propio gobierno creó dada la crisis humanitaria. Y tenemos el vergonzoso historial de haber otorgado solo siete refugios el 2020, al tiempo que se rechazaban otros 2.057. Crisis como la venezolana o la haitiana obligan a nuestro país a afrontar la migración como un desafío global y sistémico, pero vemos con pesar como, al negarse a suscribir el pacto de Marrakech, Chile se ha ido restando de los esfuerzos de cooperación internacional.
España, Reino Unido, Perú, Ecuador y Brasil, entre otros, hacen mención en sus constituciones a las personas migrantes en el desarrollo de derechos. En este proceso constituyente, que nos comprometimos a realizar bajo un principio de dignidad y enfoque de DDHH,es fundamental que abramos un diálogo en torno al reconocimiento y promoción de la interculturalidad; que las personas migrantes puedan participar de las políticas a través del sufragio; que haya acceso a los derechos fundamentales en igualdad de condición por el solo hecho de ser personas que habitan el territorio; que se cautele el derecho al asilo y al refugio, y a la fundamental protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes que se ven afectados con la separación de su familia.
Las menciones genéricas a la igualdad ante la ley, como lo hace la actual Constitución, no son suficientes para dotarnos de una igualdad sustancial, volviéndose necesario un reconocimiento especial a derechos de grupos particularmente vulnerados, como las personas migrantes. El camino hacia una nueva Constitución es una oportunidad de construir ese Chile inclusivo, mirándonos a los ojos y descubriendo en el otro no una amenaza, si no un igual en dignidad y derechos.
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