Lío político a raíz de querella del INDH

La querella que decidió interponer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que se indaguen presuntos delitos de tráfico de influencias -ello luego de que un reportaje publicado por Ciper diera a conocer supuestas gestiones irregulares para promover el nombramiento a la Corte Suprema de la magistrada María Teresa Letelier, donde aparece mencionado el dirigente de RN Mario Desbordes- ha abierto un intenso e inconveniente flanco político, que desde luego no le hace bien a la institucionalidad.

Desbordes figura en conversaciones registradas en el celular incautado del exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete, quien es indagado en el marco del “caso Topógrafo”. Entre los muchos chats que fueron rescatados, la PDI detectó gestiones de Poblete para favorecer a María Teresa Letelier, donde uno de los que aparece contactado fue Desbordes.

Desbordes, quien actualmente es candidato de Chile Vamos a la alcaldía de la comuna de Santiago, además de negar que haya incurrido en injerencias indebidas, acusó que detrás de esto hay una operación política para perjudicar su candidatura a la alcaldía de Santiago, orquestada desde el PC, considerando que su rival es la actual alcaldesa Irací Hassler, militante de dicha tienda. En ese orden de cosas, señaló que la fiscal Chong proporcionó a Ciper los antecedentes en que figura su nombre -algo que el medio niega- y que la Fiscalía luego hizo gestiones ante el INDH para que a su vez se querellase. Desbordes también tuvo duros reproches hacia el INDH, señalado que transgredió la ley que lo rige. A su vez, parlamentarios de Chile Vamos también respaldaron la tesis de una maniobra política, activando mecanismos para solicitar la remoción de los consejeros del INDH que estuvieron a favor de la querella.

Si bien no está en cuestión el derecho que le asiste a Mario Desbordes para rebatir los contenidos de una publicación y cuestionar el accionar del INDH, el tenor de sus acusaciones resulta temerario, ya que sin exhibir antecedentes concretos acusa que la Fiscalía estaría involucrada en una operación política, lo que desde luego supone una grave acusación cuyo efecto más evidente es que la imagen de la institución queda desacreditada. En el mismo exceso incurren los parlamentarios de Chile Vamos, lo que no brinda una buena señal cuando uno de los principios fundamentales es dejar que las instituciones funcionen y evaluar su quehacer en función de la solvencia de sus actuaciones.

El lío político no debe hacer perder la perspectiva de que el INDH ha dado una insuficiente fundamentación para justificar su querella, pretendiendo extremar el argumento de que asegurar la existencia de jueces imparciales forma parte los derechos humanos y por tanto su acción judicial aparece legitimada. El ámbito de acción del INDH está bien delimitado en la ley que lo rige, pero con su caprichoso predicamento cualquier posible vulneración del orden jurídico podría transformarse en un asunto de derechos humanos y por tanto de su incumbencia, lo que no resulta sensato. El propio ministro de Justicia señaló que posiblemente el INDH se precipitó, pues lo relativo a delitos funcionarios es un ámbito propio del Consejo de Defensa del Estado. Ciertamente esta precipitación tampoco contribuye al prestigio de las instituciones.