Los escombros del urbanismo neoliberal: el caso de Villa San Luis

En junio, el Consejo de Monumentos Nacional (CMN) decidió demoler el último Block de vivienda de la Villa Ministro Carlos Cortés (Villa San Luis), ubicado en pleno centro financiero de la comuna de Las Condes.

Junto con otro Block ya demolido, éste había sido declarado Monumento Histórico (MH) en 2017. La decisión iba acompañada de la reducción del área de protección patrimonial de 4.300 a 300 m2, y del compromiso de la inmobiliaria Presidente Riesco, dueña del terreno, a construir un memorial en el lugar. La resolución aún no se lleva a cabo, habiendo actualmente una disputa, gracias a la arremetida de la Fundación Villa San Luis.

El Block, único sobreviviente de un total de 27, formó parte de uno de los proyectos emblemáticos del Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960, aprovechando la existencia de un gran fundo sin urbanizar, en una zona ya construida de la comuna. El gobierno de Frei Montalva, a través de la CORMU, expropió parte del fundo iniciando un proyecto que, según da cuenta la declaratoria, buscó "generar un núcleo urbano, político, administrativo y ceremonial armónico, para 60.000 habitantes … con un centro cívico para la comuna".

Durante la Unidad Popular, una parte del proyecto fue modificada, incluyendo cerca de 1.000 viviendas para habitantes de campamentos de la misma comuna, enfrentando la segregación residencial de la capital. Sin embargo, el Golpe de 1973 implicó que el destino de estas viviendas fuera alterado. Aprovechando que los títulos de propiedad aún no habían sido entregados, por un problema de burocracia municipal, los pobladores legítimamente residentes fueron desalojados de manera violenta, siendo algunos reubicados y otros abandonados en sectores periféricos de la ciudad.

En 1991 el Ministerio de Bienes Nacionales cedió el conjunto habitacional al Ejército, pero para fines habitacionales. Incumpliendo esta cláusula, el Ejército lo vendió a una inmobiliaria, comenzando las demoliciones en 1997. Por razones administrativas sobrevivieron dos únicos Block. El n°15 ya fue demolido por la inmobiliaria, y el n°14 impide que se termine de desarrollar un proyecto para el sector más rico del país, en un espacio originalmente destinado a viviendas sociales. Para lograr su objetivo, la inmobiliaria logró que el MOP acogiera un informe de una oficina de cálculo, que indicaba el inminente derrumbe del Block 14. Efectivamente éste está dañado, a causa de un intento de demolición de la propia inmobiliaria. Pero tal como señala otro informe de ingenieros, no existe tal peligro de derrumbe, coincidiendo con un informe previo del MOP. Este segundo informe fue enviado, sin respuesta, al CMN y fue presentado ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Esta emitió, el 8 de agosto, un oficio para que se revierta la decisión de demoler el Block 14, porque se vulneró un procedimiento administrativo que exige que en cualquier momento una parte interesada puede presentar nuevos antecedentes. Demoler el Block implica consolidar una forma de comprender el desarrollo de la ciudad bajo el tutelaje y liderazgo de las inmobiliarias, sin que se respete la memoria urbana y social del país, pasando a llevar la propia institucionalidad patrimonial, y con ello debilitando al Estado en un momento clave en que se discute una nueva ley de patrimonio.

Estaríamos nuevamente frente a un caso en que triunfa el urbanismo neoliberal -aquel donde quien hace ciudad son las inmobiliarias-, reduciendo a escombros la memoria de un proyecto de ciudad más justa y borrando el vestigio material de una de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura que aún no ha sido reconocida de manera oficial por el Estado Chileno.