Políticas culturales y los desafíos del post plebiscito

Por Tomás Peters, académico de la Universidad de Chile

Las políticas culturales se entrelazan complejamente con los procesos sociales y políticos de una sociedad. No son simplemente planes y programas orientados al sector artístico, sino que se insertan en las tramas sociales de una sociedad y, en su lógica de acción, se sincronizan con la aceleración y desaceleración de los cambios culturales, políticos y sociales del presente.

La nueva Constitución debe acoger el cambio de paradigma cultural en curso. Si durante las últimas décadas nos habíamos concentrado en el “acceso a la cultura” —y, sin duda, ha habido avances significativos al respecto—, hoy resulta clave vincular el campo de producción cultural con sus territorios y comunidades. Esto implica derechos constitucionales que permitan un cambio progresivo, sin retrocesos. Si la Constitución establece los derechos culturales como un principio garantizado, las personas podrán exigir que en su comunidad esto sea un hecho, no una intención. Esto implicaría, por ejemplo, que cada gobierno tendrá que trabajar en políticas culturales que garanticen la exigibilidad de esos derechos, aumentando su presupuesto paulatinamente hasta ir conquistando las condiciones que establezca la Constitución.

Las causas del resultado del plebiscito son multifactoriales y se han desplegado variadas hipótesis. La distancia crítica es clave y debe integrar diversos insumos para establecer un nuevo horizonte de expectativas comunes. Uno de ellos es fortalecer el rol del campo cultural como un espacio estratégico para la democracia. Si bien el desestimado proyecto ofrecía una plataforma inédita de trabajo para las políticas culturales en Chile y una sincronización jurídica con otras constituciones a nivel latinoamericano y europeo —especialmente entre los artículos 92 y 95, y el principio de progresividad indicado en el artículo 20—, aún se debe avanzar con mayor fuerza en la defensa e innovación de la discusión constitucional sobre la participación en la vida cultural y artística de la sociedad. Resguardar y fomentar aquello constituye una misión clave y hoy no podemos retroceder en esa labor. Al contrario, no solo significa mantener un fomento artístico de calidad y en diálogo con la sociedad actual, sino también intensificar la vinculación y compromiso de los espacios culturales con sus territorios y comunidades de sentido. Defender ese propósito es perseverar en la búsqueda de nuevos paradigmas de acción cultural, así como también asegurar la sostenibilidad financiera del campo cultural.

Hoy es importante avanzar en la defensa de los derechos culturales que, tras una amplia y fecunda discusión, fueron integrados en la propuesta inicial del proyecto constitucional, pero con nuevos insumos conceptuales y en relación con las expectativas y búsquedas de participación cultural que las y los chilenos tienen en el presente. Esa es la base de la democracia cultural: dislocar las jerarquías culturales y establecer reconocimientos simbólicos antes excluidos. En suma, el cambio de paradigma que se necesita busca desdibujar las simetrías históricas tanto en términos de acceso como en el reconocimiento de las diversidades culturales. Y no podemos ceder en ello.

El plebiscito delineó un escenario social que establece retos concretos tanto a la institucionalidad política como cultural del país. Es necesario delinear, desde los espacios y campos culturales, un nuevo trato con la sociedad chilena. Pero no un trato condescendiente, sino uno que reflexione tanto los presupuestos del campo artístico como los de la institucionalidad cultural actual. Hoy no solo estamos interpelados a liderar un cambio de paradigma en las políticas culturales, sino también en el vínculo entre espacio cultural, sociedad y bienestar subjetivo. Y estos fenómenos están entrelazados con la defensa de los derechos culturales que el proyecto de nueva Constitución deberá considerar y tematizar.