SEÑOR DIRECTOR:
La semana pasada, el fiscal nacional anunció que el Ministerio Público solicitará que a las personas extranjeras que sean objeto de controles de identidad y que no posean algún documento que las identifique se les aplique la medida cautelar de prisión preventiva. Esta medida, comunicada en medio de una semana agitada en temas de seguridad, posee un carácter populista y discriminatorio, que puede constituir una vulneración de las obligaciones del Estado y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), vigente en nuestro país, establece que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de toda persona que se encuentre sometida a su jurisdicción sin discriminación por motivos de raza, origen nacional o cualquier otra condición social. Una medida como ésta, aplicada solo a personas extranjeras ya está estableciendo una distinción que carece de la objetividad y razonabilidad exigida por el derecho internacional.
Esto contribuye a un ambiente de persecución y criminalización de la migración que no aporta a la construcción de una sociedad basada en la tolerancia y respeto de la diversidad, sino todo lo contrario.
El adecuado registro e identificación de las personas migrantes no debe resolverla el derecho penal, pues responde a temas administrativos. Lamentablemente, se ha transformado en costumbre la utilización del derecho penal para hacer frente a problemas sociales, cuando realmente lo que se requiere son políticas públicas adecuadas, es decir, menos derecho penal, no más.
Camila Troncoso Zúñiga
Abogada
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.