SEÑOR DIRECTOR:

La demanda por más transparencia del mundo de la sociedad civil, fundaciones y corporaciones, no es algo nuevo y que surja recién a raíz del caso que se investiga de Democracia Viva y posibles irregularidades en convenios. En 2012, Chile Transparente publicó un estudio comparado sobre regulaciones y buenas prácticas en materia de transparencia y probidad en organizaciones sin fines de lucro, elaborando una propuesta de modelo de rendición de cuentas adecuada al contexto y características de estas, a partir de la experiencia nacional e internacional. Si bien han pasado 11 años, se trata de una fórmula que sigue plenamente vigente.

En el ámbito legislativo, ya en 2016, el ex senador Hernán Larraín -actual integrante de la Comisión Experta- proponía un estatuto de transparencia activa para asociaciones gremiales, colegios profesionales y organizaciones sindicales que, entre otras materias, buscaba la difusión de información relacionada con fuentes de financiamiento, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, así como de transferencias con cargo a fondos públicos y todo aporte económico entregado a personas naturales o jurídicas.

Luego, en la propuesta de Ley de Transparencia 2.0, el gobierno del ex Presidente Piñera propuso en 2018 un estatuto de transparencia para personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por montos superiores a 1.500 UTM -cercano a los 100 millones de pesos-, y a aquellas entidades inscritas en el registro de colaboradores del Estado, cuando estos traspasos estuvieran por sobre las 200 UTM -un poco más de 12 millones de pesos- al año.

Siguiendo lo anterior, en enero pasado, el diputado Calisto lideró una moción para que las organizaciones no gubernamentales inscribiesen anualmente en el registro de ingresos y mecanismos de financiamiento los montos, procedencia u origen y, si corresponde, la identificación del o los aportantes.

Sin embargo, estos proyectos casi no han sido discutidos o, en el mejor de los casos, como ocurre con la Ley de Transparencia 2.0, siguen en una lenta tramitación en el Congreso.

No cabe duda del rol clave que cumplen las organizaciones privadas en asuntos públicos, por lo que es primordial avanzar en mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas. Es de esperar que luego del caso tan comentado estos días podamos ponerle más sentido de urgencia a lo anterior. Propuestas hay, ¿voluntad política también?

María Jaraquemada

Directora ejecutiva de Chile Transparente