¿Una Convención fuera de la ley?



Por Sergio Muñoz Riveros, analista político

En condiciones normales, la instalación de la Convención Constitucional el próximo domingo debería haber sido una ceremonia de Estado, con la presencia del Presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara, el presidente de la Corte Suprema, los jefes de las FF.AA., los dignatarios eclesiásticos, etc. No será así. Solo la secretaria del Tricel dará formalidad legal a la ceremonia, que fue la opción aceptada por los grupos que llevan la batuta, interesados en mostrarse en actitud de rebeldía frente al orden establecido.

Es extraño todo esto. La Convención existe porque el gobierno del Presidente Piñera y el Congreso propiciaron una reforma constitucional que fue promulgada en diciembre de 2019 y dio la partida al proceso del plebiscito de octubre del año pasado. Allí se aprobó elegir el nuevo órgano, lo cual, luego de la postergación forzada por la pandemia, se produjo en mayo de este año. El único mandato legal de la Convención es elaborar un proyecto de nueva Constitución en un plazo de 9 meses (hasta abril de 2022), que puede extenderse a 12 meses (hasta julio de 2022). Luego de eso, habrá un plebiscito que aprobará o rechazará el texto propuesto. Eso es todo. La Convención existe dentro de la actual Constitución y debe someterse a las reglas que allí se le fijaron. Su poder real es, exclusivamente, el que le reconoce el Estado. No tener conciencia de ello puede ser la fuente de confusiones desastrosas.

La Dirección de Presupuestos estimó a fines del año pasado en 10.600 millones de pesos el costo de funcionamiento de la Convención por 12 meses. Los convencionales recibirán un sueldo mensual de 50 UTM, que equivalen a 2,6 millones de pesos. Se trata de un enorme esfuerzo fiscal, en un momento de muchas necesidades. Aun así, algunos convencionales ya están pidiendo más recursos para la Convención, en tanto que otros exigen la renuncia del secretario ejecutivo, designado por el gobierno para administrar los recursos aportados por el Estado.

Son demasiados los equívocos. Basta con escuchar a los convencionales de la corriente mayoritaria para constatarlo. Creen que integrarán un suprapoder con capacidad para darse sus propias reglas, tomar decisiones sobre lo humano y lo divino, y desafiar al Estado. Así, es posible que la Convención se convierta en la caja de resonancia de las proclamas refundacionales, los gestos “para la historia” y las puestas en escena para las cámaras de TV. Y todo ello en medio de la campaña para elegir, dentro de 145 días, a un nuevo Presidente de la República y nuevos senadores y diputados, de acuerdo a las normas vigentes.

La Convención tiene una sola posibilidad de ayudar en algo a Chile: cumplir su tarea dentro del marco constitucional. Si no lo hace, se anulará a sí misma. Cualquier acuerdo suyo que rompa la legalidad, será nulo, de nulidad absoluta.

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