Diputados RN proponen incentivo para jóvenes que sean electos constituyentes

El miércoles pasado, los diputados de RN Tomás Fuentes y Diego Schalper ingresaron al Congreso una reforma para modificar uno de los aspectos que guiarán a la convención constitucional, una iniciativa que se suma al debate generado en los últimos días sobre qué temas pueden o no ser cambiados en base al acuerdo que se logró el 15 de noviembre del año pasado (ver recuadro).

El objetivo de esta nueva propuesta es incentivar la participación juvenil en la elección de constituyentes, que se realizará en abril. Para eso, la iniciativa considera a los mayores de 18 y menores de 35 años. Y planea establecer un “reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal, de 0,01 UF por cada voto obtenido”, es decir, casi $ 290 por sufragio. “Se trata de una disposición aplicable sólo a la elección de los convencionales constituyentes y que, por la vía de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, debiese ser replicado como una norma permanente o al menos transitoria en la ley” de transparencia, límite y control del gasto electoral.

Además, se propone que “en el caso de los candidatos de entre 18 a 35 años de edad que hayan sido proclamados electos por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), los partidos políticos a los que pertenezcan tendrán derecho a un monto de 500 unidades de fomento por cada uno de ellos”, lo que equivale a $ 14.484.000. Y se agrega que esos recursos “serán destinados a la implementación de programas y al desarrollo de actividades de fomento a la inclusión y participación de jóvenes en política”.

En la reforma se señala que “el pasado 25 de octubre los chilenos, a través de un plebiscito, debían pronunciarse respecto de si querían o no una nueva Constitución y la forma que debía tener el órgano encargado de su redacción”, junto con recalcar que “las cifras de participación son bastante altas considerando la crisis sanitaria en la que se desarrollaron los comicios” y que “queda de manifiesto el alto nivel de participación de jóvenes, interés que esperamos persista con miras a las elecciones de los convencionales constituyentes”.

En esa línea, la reforma plantea que “la participación juvenil debiese ser uno de los objetivos prioritarios, no sólo en el marco de la creación de una nueva Constitución, sino en todo comicio que tenga por objeto la provisión de cargos de elección popular”.

Eso sí, en el proyecto se aclara que esto “no será aplicable respecto de candidatas mujeres electas, quienes percibirán dichas prerrogativas de conformidad con lo señalado en los artículos primero y segundo transitorios del decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.884”. Esa normativa entrega, para elecciones parlamentarias, incentivos económicos para elección de candidatas mujeres. Y en la Constitución se estableció que esos incentivos aplicarán también para la convención.

“Dado que la alta participación de jóvenes en el plebiscito aumentó en un 20%, es fundamental que ellos también sean parte del proceso constituyente. Con esta reforma queremos nivelar la cancha para todos. Y para lograrlo buscamos aliviar la carga económica que supone financiar una campaña, aumentando así el reembolso de los candidatos por voto, tal como se hizo para incentivar la participación femenina”, sostiene Fuentes, mientras que Schalper agrega que “tenemos que estimular que esa participación no se quede en el voto, sino que trascienda al compromiso político y social”.

Han sido varios los intentos de uno y otro sector por modificar aspectos relativos al funcionamiento de la convención constitucional, lo que ha tensionado a ambos bloques.

Hace pocos días, desde la centroizquierda surgió una iniciativa -liderada por la diputada Camila Vallejo (PC)- que busca otorgar a la convención la facultad para mantener o modificar el quórum de 2/3 que se estableció en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019. Esto, para aprobar los temas que serán incluidos en una nueva Carta Fundamental.

La propuesta fue duramente cuestionada desde el oficialismo y desde sectores de la propia oposición, que apuntaron a que no corresponde “cambiar las reglas del juego”.

Ese tema se sumó al fuerte debate que ha generado la idea de establecer escaños reservados para pueblos originarios, un tema en el que no ha existido consenso para definir la fórmula con la que eso se materializará. Así, por un lado la oposición impulsó establecer 24 escaños adicionales a los 155 miembros de la convención fijados en el acuerdo constitucional, mientras que el oficialismo defendía la idea de que los cupos especiales debían ser 15, dentro de los 155 ya definidos, no adicionales. Esto, apelando a que el acuerdo determinó ese número para la convención y que bajo ese supuesto también las personas votaron en el plebiscito.