Gobierno y oposición se preparan para largo período de vacancia en Contraloría e inician sondeos para sucesión de Bermúdez

Hay que prepararse para una larga subrogancia en Contraloría. Fue el mensaje que dejó el ministro de Justicia, Luis Cordero, a los senadores socialistas en un almuerzo que sostuvo con ellos hace algunos días en el Congreso.

Cordero y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), ya comenzaron los primeros sondeos -todavía muy preliminares coinciden en el oficialismo y la oposición- de nombres que podrían suceder al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien culmina su mandato el 16 de diciembre.

La secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo (quien era la carta favorita del Presidente Gabriel Boric para la Fiscalía Nacional), Juan Carlos Ferrada (cercano al PS y exintegrante del grupo de árbitros del último proceso constituyente) y la misma subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, son nombres que circulan tentativamente en las bancadas oficialistas.

No obstante, la última palabra la tiene la derecha. Con 25 senadores (la mitad del Senado), la oposición tiene la capacidad de vetar una propuesta del Mandatario. Se requieren 30 votos (tres quintos).

Hoy el oficialismo, actuando unido, a duras penas llega a los 18 votos. Ni siquiera convenciendo a los tres senadores DC, a los dos del Partido Demócratas y a los independientes Karim Bianchi y Fabiola Campillai (que suelen ser disidentes a la hora de votar nombramientos), la alianza gubernamental podría imponer un nombre.

La sucesión del contralor nunca ha sido fácil. Una muestra de ello es que en las dos oportunidades anteriores -en las que ha culminado el período constitucional de ocho años de un contralor- han pasado varios meses para que el Senado pueda ponerse de acuerdo en una carta.

El nombramiento del excontralor Ramiro Mendoza fue precedido por una vacancia de casi nueve meses (julio de 2006 a abril de 2007), mientras que la llegada de Jorge Bermúdez también demoró más de ocho meses, entre deliberaciones y tratativas fallidas del Senado (abril de 2015 al diciembre 2015).

Uno de los problemas es que este es un cargo uninominal que no se puede cuotear.

Además, es una de las funciones más trascendentes del Estado, que a veces debe arbitrar en conflictos entre poderes públicos y resolver peleas constantes entre la oposición y el gobierno. Quien reemplace a Bermúdez debe ser alguien que “dé garantías a todos”, repiten casi al unísono ministros y legisladores del actual oficialismo y de la derecha.

A ello se suma una carpeta de varios nombramientos pendientes en el Senado. Si bien la derecha hizo un gesto y dio los votos justos para que asumiera Anuar Quesille en la Defensoría de la Niñez, siguen trabadas las designaciones de dos ministros del Tribunal Constitucional, un cupo en la Corte Suprema, un integrante del Consejo para la Transparencia y un miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

Además, en los próximos meses se irán acumulando más vacantes con otros dos integrantes de la Suprema, con el cargo de fiscal del mismo máximo tribunal y con otro consejero para la Transparencia.

En el oficialismo sostienen que la derecha -tras ceder la plaza de la Defensoría de la Niñez- espera que el oficialismo también haga algún gesto. Una de las alternativas es que el nuevo contralor sea parte de un acuerdo marco para resolver equilibradamente todas las designaciones del Senado.

Esa idea no acomoda al oficialismo ni al gobierno, que prefieren que el sucesor de Bermúdez surja de una negociación desvinculada de otras nominaciones. Sin embargo, la alianza gubernamental tendría que allanarse a que sea la oposición la que proponga a un jurista más cercano a la derecha o centroderecha.

Una situación así ocurrió en las dos últimas nominaciones para la Contraloría: Bermúdez era asesor del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand (RN), mientras que Mendoza tras salir del ente fiscalizador colaboró con el programa del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

No obstante, al ser consultado esta semana por las primeras conversaciones, el ministro Elizalde se mostró optimista. “En los dos nombramientos anteriores venció el plazo del contralor titular y se demoró ocho meses en generar un acuerdo. Nosotros esperamos hacerlo en un tiempo obviamente más acotado”, indicó el titular de la Segpres.

Pese a las esperanzas de Elizalde, senadores oficialistas y de oposición son realistas y coinciden en que la definición puede demorar meses, casi como en una prueba de resistencia, para determinar quién cede primero.

De hecho, por ahora, legisladores de ambos bandos dicen tener una buena opinión de la subcontralora Dorothy Pérez y que no tienen reparos en que ella asuma la jefatura del ente fiscalizador en modo subrogante.

La abogada de la U. de Chile, ingresó a la Contraloría en 2004. A los 31 años, el 29 de noviembre de 2007, fue nombrada contralora regional en Valparaíso.

Su carrera continuó en ascenso, bajo el alero de la gestión de Mendoza y Bermúdez, quien la llevó a su equipo y al puesto de subcontralora.

Sin embargo, la relación entre ambos se rompió cuando el actual contralor quiso removerla del cargo, argumentando la pérdida de confianza, debido a que ella fue citada a declarar en calidad de testigo en el caso del millonario fraude en Carabineros.

En esa ocasión, Bermúdez le pidió su renuncia, sin embargo, ella se negó. Luego, el contralor declaró su puesto vacante, pero Pérez presentó un recurso de protección para evitar su remoción. Finalmente, el caso lo ganó la subcontralora, quien recuperó su cargo.