Indulto a imputados y condenados por estallido social: la inquietud en La Moneda por el proyecto de senadores de oposición

Una fuerte preocupación generó en La Moneda una nueva ofensiva que surgió de un grupo de parlamentarios de la oposición el miércoles en la tarde.

Ese día, los senadores Isabel Allende, Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro presentaron un proyecto que busca un indulto general de la responsabilidad penal y la remisión de la pena de quienes hayan sido detenidos desde el 7 de octubre.

La iniciativa busca indultar a los detenidos e imputados que cuentan con medidas cautelares, además de quienes ya han sido condenados, a excepción de delitos terroristas. Esto, en el contexto del estallido social que se originó el año pasado. Así, la propuesta plantea que “se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad”.

El tema fue abordado ayer entre los ministros del comité político y se encendieron las alarmas por cuatro razones: primero, porque en el Ejecutivo consideran que se entrega una señal “grave” respecto de las personas que cometen delitos. Además, recalcan que de los 33 mil detenidos que hubo entre octubre del año pasado y marzo de este año, hoy quedan 232 personas en prisión preventiva, porque aseguran que tienen antecedentes previos o delitos considerados graves.

En segundo lugar, en el gobierno generó preocupación el perfil de los parlamentarios que impulsaron la iniciativa, sobre todo por Allende y Muñoz, a quienes consideran más “dialogantes”. En ese sentido, creen que puede ser una señal de que la iniciativa cuente con un mayor respaldo y que pueda ser aprobada, para lo que requiere de mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los legisladores en ejercicio.

En tercer lugar, en el Ejecutivo hay inquietud ante la posibilidad de que el proyecto comience a concitar apoyo ciudadano. Y, en cuarto lugar, si bien hay algunos personeros de Palacio que creen que sería debatible, en el gobierno consideran que la iniciativa sería inconstitucional, porque en la Carta Fundamental se establece que el indulto debe ser particular y dado por el Presidente, además de que opere sólo para condenados. Así, sostienen que el proyecto no cumple ninguno de esos aspectos. Asimismo, recalcan que el indulto por ley, como fue la Ley de Amnistía, es ilegal, ya que sería contraria a los tratados internacionales y vulneraría las facultades del Poder Judicial.

En medio de este escenario, la Subsecretaría del Interior, encabezada por Juan Francisco Galli, elaboró ayer una minuta para defender la postura del gobierno. El tema, además, lo abordaron públicamente los ministros Rodrigo Delgado (Interior) y Jaime Bellolio (Segegob), quienes rechazaron la medida. “Es una manera de justificar la violencia”, dijo Bellolio, apuntando a un factor que ha cruzado gran parte del debate político desde el 18-0: la necesidad de que todos los sectores condenen los hechos de violencia, algo que en el último tiempo -sobre todo antes del plebiscito constitucional- habían hecho desde las dirigencias de la oposición. Delgado, en tanto, sostuvo que “no hay ninguna razón para pensar que esas personas sean homologables con una categoría de preso político”. El Presidente Piñera -quien ayer se reunió con el director del INDH, Sergio Micco, en el marco del día internacional de los DD.HH. - no se refirió al tema.

En Palacio, en todo caso, admiten que el proyecto también es una oportunidad para capitalizar una ofensiva contra la oposición. Esto, ya que la iniciativa une a Chile Vamos en contra de la medida y les permite dejar a quienes la promueven -dicen- como “defensores” de quienes han cometido delitos.

La propuesta no generó posturas unánimes en la centroizquierda. Si bien concitó algunas adhesiones, en varios sectores del PS, de la DC y del PPD no están de acuerdo con aplicar una normativa de esas características. Al interior de ese último partido, además, hay quienes dicen que este tipo de propuestas lo único que hace es “tensionar aún a la oposición en la Cámara Alta”.

En este contexto, en el Senado dicen que es complejo que el proyecto logre los respaldos necesarios. Las mismas fuentes argumentan que el proyecto abarca un período demasiado amplio, sin distinguir entre los delitos. Otros, en tanto, advierten que la iniciativa puede terminar siendo una intromisión del Legislativo en el Poder Judicial.

“La intromisión de la política en los fallos judiciales no me parece adecuada. Si se quieren revisar los casos que existen (...), las revisiones tienen que ser dentro del Poder Judicial”, señaló el senador Felipe Harboe (PPD).

Más cauteloso en manifestar sus dudas fue el senador José Miguel Insulza (PS). En 24Horas dijo que entendía las razones por las que se presentaba la iniciativa -que cuenta con el respaldo de su correligionaria Isabel Allende-, pero advirtió que “la cantidad de delitos considerados es muy grande” y que “hay que mirarlo con mucho cuidado”. Y agregó: “Yo no indultaría a alguien que quemó una micro, pero naturalmente la forma en que se le procesa debe ser a tiempo”.

Su par Carlos Montes, en tanto, señaló que “me parece bien, es algo que se ha hecho en otras oportunidades” y que “llevan un año presos, con el riesgo del Covid-19, y muchos de ellos sin mayores pruebas”.

La senadora Ximena Rincón (DC) comentó que es necesaria una revisión completa del sistema de medidas cautelares. “Debe revisarse la situación de estos jóvenes que a la fecha no han tenido sentencia y no hay antecedentes para mantenerlos con medida cautelar de prisión preventiva, o derechamente cambiarles la medida por una alternativa de ser necesario”, dijo.