La espiral de acusaciones constitucionales a gobiernos de izquierda y derecha ha convertido al abogado Patricio Zapata (DC) en un especialista en el tema. Él dice que ha participado en, “por lo menos 15 AC”. La del exministro de Hacienda Nicolás Grau será una más. Esta vez, acudirá en ayuda del economista del Frente Amplio como titular de su defensa.

A diferencia de otras ocasiones donde ha cumplido este rol, ahora no cuenta con la espalda que otorga el Ejecutivo, ya que Grau fue acusado tras dejar el cargo.

Una de las primeras cosas que hizo Zapata fue obtener la AC impresa, anillada en el mismo libro con los informes de política fiscal que hoy usa el oficialismo para impulsar un castigo político al exministro de Gabriel Boric por cinco años, ejemplar que tiene sobre la mesa para esta entrevista.

¿Cómo llegó a la defensa de Grau?

Me llamó él directamente, yo no lo conocía mayormente. Sospecho que le tienen que haber comentado que en el mundo de los constitucionalistas, yo he tenido ocasión varias veces de participar en esta subespecialidad. Creo que él sabe que tengo experiencia en esto y una perspectiva bien consistente en el tiempo. No van a poder decir que estoy levantando una argumentación de temporada, que es un traje a la medida de este señor. Porque, primero, no soy amigo de él. Es la misma argumentación que vengo desarrollando hace veintitantos años.

Usted viene del mundo DC. Además de su experiencia en las AC, ¿cree que eso fue un factor para elegirlo? Hablamos de un exministro del FA.

Yo no puedo descartar que haya varias razones cuando uno elige un abogado. Quiero pensar que siempre a uno lo eligen porque va a ser la mejor defensa posible y que eso va a ser lo más importante. Que tú a esa persona le parezcas más simpático, más afín políticamente, más conocido en la opinión pública, con más contactos… Hay muchos factores que uno podría especular, pero imagino que cuando alguien está en una situación como esta, la pregunta es quién va a ser la mejor defensa. Quiero pensar que es por lo que hablamos antes y que mi militancia no es un factor importante.

Se lo preguntaba porque se podría leer como una señal política.

Yo no creo que los diputados de nuestra Cámara vayan a votar en un sentido o en otro porque uno de los abogados sea de tal simpatía política. Votan con mucha independencia. Hay que convencerlos a todos. Yo creo que eso sería un error garrafal dar por descontado que porque el ministro es de un partido o el abogado de otro, entonces el diputado se va a cuadrar.

¿Cuándo responderán a la comisión?

Probablemente antes de que expiren los diez días. Entre otras cosas, porque para poder participar activamente en las sesiones de la comisión, abrir la boca, tengo que haber presentado antes el escrito de contestación. Estamos tratando de poner la máxima energía para tener pronto el escrito de contestación. Lo antes posible.

Habitualmente cuando acusan a un ministro, este está en funciones. Grau no tiene el aparato del Estado detrás, como la Segpres. ¿Cómo ha sido ese trabajo?

He visto que hay un conjunto de profesionales del mundo de la economía y del derecho, que ya no están en el gobierno, que están colaborando. Creo que, en muchos casos, porque hay vínculos de amistad, solidaridad política. Lo he visto en reuniones, que está contribuyendo, preparando minutas, ayudando a contestar dudas. Me da la impresión de que él tiene una red de personas que lo estiman, que lo están apoyando.

¿No ha visto un caso tan distinto, entonces?

Normalmente se acusa a una persona que está ejerciendo sus funciones y personas que estaban trabajando en el Estado colaboraban para aclarar. En este caso, el propio exministro tiene que arreglársela por su cuenta, tiene que batírsela con sus propios medios.

¿Qué le han parecido los argumentos del libelo?

Mi juicio público es sobre la calidad jurídica del documento, pensando en lo que busca este documento: que se inhabilite a alguien. Yo pienso que no está bien fundada en lo que busca, que es demostrar que hay una persona que violó la Constitución y la ley. Si el propósito fuera hacer una crítica a la política económica del gobierno anterior, quizá alguien podría decir, está bien. Pero para el propósito que tiene, no logra su fin propio. ¿Estaba obligada a hacerle caso al FMI, al Consejo Fiscal Autónomo? No. ¿Le está haciendo caso el actual ministro (Jorge Quiroz) o Mario Marcel? ¿Estaba obligado por alguna norma, hay algún artículo que diga, “recibida la observación del CFA, el ministro deberá proceder”? Tampoco es una vulneración que tú hayas hecho un informe que es distinto a un informe posterior. La pregunta es, jurídicamente, ¿un informe posterior afecta la validez jurídica de los informes anteriores? No, no es así.

Lo que tienen que hacer ellos es encontrar algunos artículos, y después de un trabajo que hicieron, encontraron algunos artículos que ellos piensan que dan lugar a obligaciones o deberes. Y, por mucho que yo me esfuerce, creo que no hay ningún deber en esos artículos.

¿Comparte que esta AC viene desde el gobierno?

No me voy a salir de mi rol. Como ciudadano, tengo una opinión sobre muchas cosas, intuiciones, tincadas. Pero no le haría ningún bien a esta conversación que un abogado empezara a identificar móviles. Yo sé, porque no soy tan leso, que esto tiene una dimensión política. No tengo derecho a hacerlo (discutir la polémica política), no soy representante del pueblo. La única vez que fui candidato, en la Convención, saqué como el 1%. Lo que sí he dicho es que si una cosa como esta se aprobara, sienta un precedente peligroso en el futuro para ministros de Hacienda. Poner a una persona que está en esa situación, cualquiera sea su color político, ante el riesgo de que cualquier discusión que haya sobre sus estimaciones, a mí me parece superpeligroso. Esto no es para asustar, no es campaña del terror.

El mismo exministro Grau ha apoyado distintas AC y desde el gobierno advierten una posible espiral de acusaciones.

Reitero que esta no es mi principal objeción, porque esa es el contenido de la acusación. Yo solo agrego cuál sería la consecuencia de que esto proliferara. Se llevó la crítica política a un terreno sancionatorio. Esto es un juicio que puede terminar con una sanción, que afecta derechos. No es una cosa liviana. Para la crítica política, fiscalicemos, hagamos campañas, ganemos elecciones, interpelemos al ministro, creemos comisiones investigadoras. Para sancionar violaciones graves a la Constitución, usamos la acusación constitucional. Esta herramienta es para las cosas más graves, no la usas para discutir una política pública. Ese es el peligro que sigamos con este círculo vicioso.

¿No cree que falta esa reflexión en su sector sobre el uso de las AC? Faltan más de tres años de gobierno y el clima político es álgido…

Me resulta muy tentador reflexionar sobre lo que tú me preguntas. La defensa del exministro Grau no es la defensa de las políticas económicas del expresidente Boric. Mi defensa no es de la política fiscal de Boric, es de la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, con cualquier ministro de Hacienda. Si uno repite lo que yo estoy diciendo, cada vez que hay una acusación, eso podría servir.