Senado aprueba y despacha a la Cámara proyecto que busca la rebaja de dietas de parlamentarios y otras autoridades públicas

Por 41 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que rebaja la dieta de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública y deja a cargo de una comisión autónoma la determinación de su monto.

Ayer, la iniciativa había sido revisada ayer por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde se estableció que el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) podrá fijar, por una vez, el porcentaje de la rebaja transitoria que afectará a las autoridades contempladas en la ley. Desestimando, de esta manera, la disposición despachada a inicios del año por la Cámara de Diputados que establecía una disminución de un 50%.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), indicó que “fue apoyado por una unanimidad prácticamente, solo hubo una abstención, la propuesta que viene de la Comisión de Constitución y este proyecto ahora va a la Cámara”.

Agregó que "como han escuchado este proyecto propone en primer lugar el universo que afecta la rebaja de dietas, que es el ejecutivo: ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores. Y los diputados y senadores”.

La iniciativa regresa ahora a la Cámara de Diputados, en donde se votará nuevamente el proyecto con los cambios realizados en el Senado. Y de aprobarse se convertirá en ley, sino deberá pasar a una Comisión Mixta.

Durante su discusión ayer en la Comisión de Constitución, quedó establecido que una vez promulgada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública dispondrá de 30 días para “reducir” la remuneración actual de diputados, senadores y ministros de Estado y un plazo de 60 días para hacer lo mismo con los sueldos de otras autoridades que están contempladas, como por ejemplo el Presidente de la República, seremis, intendentes, gobernadores y funcionarios contratados a honorarios y que sean de confianza.

Esta rebaja se extenderá por un periodo de cuatro años. Cuando se cumpla ese periodo será un órgano autónomo compuesto por un exministro de Hacienda; un exconsejero del Banco Central; un excontralor o subcontralor; un expresidente de alguna de las ramas que integran el Congreso Nacional, y un exdirector Nacional del Servicio Civil, el que definirá -con criterios técnicos- la nueva escala de remuneraciones de las autoridades.

La iniciativa, sin embargo, deja fuera de este ajuste de sueldos al Poder Judicial, al Ministerio Público y a alcaldes y concejales.