A finales de octubre del año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) escuchó los alegatos de la consulta que busca fijar las condiciones de competencia a los medios de pago con tarjetas de crédito, débito y provisión de fondos.

El caso aún no cuenta con sentencia, pero en los últimos días las causa se ha reactivado con escritos que generan preocupación entre los miembros de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera De Chile (FinteChile), donde se encuentran Proveedores de Servicios de Pago (PSP), mercado en el que figuran: Ebanx, Dlocal, Mercado Pago, Pago Fácil, Flow, Khipu, Kushki, Payku, VirtualPOS y UPago.

El pasado 13 de de diciembre, Transbank, operadora que integran los principales bancos del mercado, detalló al TDLC que “recibió una carta de una marca internacional de tarjetas amenazando con la imposición de una multa escalonada de hasta US$ 150.000 si no cesaba de procesar las transacciones provenientes de proveedores de servicios de procesamiento de pagos (PSP) que estarían realizando subadquirencia transfronteriza”.

Pero luego, el 11 de enero, vino una segunda carta de similar tenor de otra marca internacional de tarjetas que acusaba a Transbank de violar sus reglas de marca al estar supuestamente procesando transacciones transfroterizas sin cumplir con los requisitos fijados en las reglas de dicha marca. En dicha carta se pidió a Transbank cumplir de inmediato con las referidas reglas, obligando a los PSP que procesan transacciones transfronterizas a migrar al nuevo programa o bien desafiliarlos, “bajo amenaza de imponer multas e incluso suspender su licencia adquirente”.

En su escrito del 31 de enero, Transbank no develó específicamente quiénes son las marcas de tarjetas que le enviaron dichas cartas. Sin embargo, denunció sufrir amenazas de dos empresas de dicho mercado, el cual en Chile es dominado por Mastecard y Visa.

Frente a la arremetida, Mastercard alegó que Transbank y FinteChile se niegan a comprender la magnitud del problema asociado al Programa Payment Intermediary Foreign Exchange Operators (Programa PIFO). Se trata de una iniciativa que busca reconocer la naturaleza transfronteriza de este tipo de transacciones, pero que genera malestar entre las PSP a nivel nacional.

En simple: FinteChile y Transbank alegan que el Programa PIFO impondría costos adicionales excesivos para el modelo de negocio de los PIFOs, y que dicha medida sería discriminatoria y carecería de racionalidad económica. Mientras, Mastercard asegura que la información que solicita a través del programa se sustenta en que esta busca generar transparencia en la red, y prevenir fraudes, blanqueo de activos, entre otras fallas de seguridad.

A modo de ejemplo, Mastercard sostuvo: “un comercio llamado ComercioX tiene su sede en Polonia y ofrece contenido en línea. ComercioX se afilia al adquiriente local Polonia A para aceptar tarjetas Mastercard”. “Polonia A cumple con los estándares y reglas de Mastercard y envía los datos completos de cada comercio (incluido el nombre del comercio, la ubicación del comercio, código MCC que describe la actividad del comercio, entre otros antecedentes). Todos estos datos son procesados por Mastercard y llegan a los emisores. Algunos emisores decidieron rechazar las transacciones de ComercioX porque detectan ciertos riesgos. Se lleva a cabo una investigación y concluye que ComercioX está ofreciendo, como parte de su contenido digital, pornografía infantil”, concluyó.

FinteChile es asesorada por Martín Mois de Aninat Abogados; Flow SpA por Ximena Rojas Pacini, socia de NDI Abogados y Transbank por Benjamín Mordoj de FerradaNehme.

Entre las empresas de PSP creen que de llevarse a cabo la medida planteada por las marcas de tarjetas se incrementará el valor de los servicios de Spotify, Netflix, Amazon, +Google, Facebook y Alibaba debido a que estas empresas son las que le gestionan los pagos digitales.

Frente a la arremetida de las marcas de tarjetas, FinteChile sostuvo que la su última presentación da cuenta de la “contumacia” con la que actúan las marcas de tarjetas, develando su intención de “no sujetarse a la normativa nacional”.

“La misma Mastercard es clara en reconocer que los requisitos que buscan otorgar visibilidad y transparencia a las transacciones procesadas en comercios secundarios son aplicables a todos los PSP, independientemente de si realizan subadquirencia transfronteriza o no. Por ello, no se explica que a renglón seguido las Marcas de Tarjetas intenten aplicar este trato diferenciado e incluso se llegue a buscar alguna especie de fundamentación refiriendo a comercios que ofrecen pornografía infantil”, agregó en su escrito presentado ayer por FinteChile.

En esa misma línea, agregó que “el trato diferenciado que en esta materia se está otorgando a las empresas que prestan servicios de subadquirencia transfronteriza, carece de todo sentido económico y procompetitivo. De hecho, los productos y servicios pagados a través de los PSP denominados crossborder se prestan en Chile, dicho pago se produce básicamente mediante tarjetas emitidas por emisores nacionales, la respectiva operación se encuentra afecta en nuestro país al impuesto al valor agregado (IVA), así como también obliga a pagar una tasa de intercambio por parte de un adquirente nacional a un emisor también nacional”.

Por otro lado, agregó que “los PSP que operan en Chile -incluso los denominados transfronterizos- cuentan con estrictos estándares de seguridad, incluida la certificación PCI Compliance2, de modo tal que el riesgo de fraude, estafa, comercio de bienes y servicios prohibidos por ley, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es cercano a 0%”.

Más directo en el tono, el gremio de las Fintech aseguró que la posición manifestada por las marcas de tarjetas, no sólo viene a ser un desafío frente a las decisión que tome el tribunal en el caso, sino también un “intento de no regirse en este caso a los límites que establezca el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, creado por la ley N° 21.365″.