Esta tarde se realizará una reunión privada entre el gobierno y los embajadores europeos. En ella no sólo participará el ministro de Energía, Diego Pardow: también estarán el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, así como gremios y empresas.

El objetivo de esta reunión es exponer las medidas que está implementando el gobierno para hacer frente a la crisis climática y promover grandes inversiones en energías renovables y limpias, en infraestructura habilitante, y en una operación moderna del sistema eléctrico, las cuales se resumen en lo siguiente: promoción del almacenamiento, mitigación de riesgos a suministradores, flexibilidad operacional y acciones políticas, regulatorias y obras urgentes.

Este encuentro se realiza en la antesala de la visita de la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Chile, quién estará este 14 y 15 de junio. La Unión Europea quiere encontrar una solución a corto plazo del problema que atraviesan las empresas de energía renovables, dos de las cuales han caído en insolvencia y una ha solicitado suspensión temporal de su parque eólico. Empresas europeas han invertido más de 5.000 millones de euros en el sector en Chile.

Este tema preocupa a Bruselas y será planteado en la reunión que sostendrá Ursula von der Leyen con el presidente de la República, Gabriel Boric, dado que hasta ahora lo que se ha logrado son medidas de mediano y largo plazo que no solucionan el problema que viven hoy las empresas. Ante ello, el Ministerio de Energía decidió incluir en la agenda medidas a implementar en los próximos meses y el año 2026.

Según una minuta con los temas que presentará el gobierno a los cuerpos diplomáticos, gremios y empresas, una de las medidas de corto plazo es la “Reasignación de Ingresos Tarifarios”. Al respecto, la minuta señala que se propone esta iniciativa de corto plazo porque es necesario establecer condiciones permanentes que permitan actuar frente a condiciones de estrés del sistema eléctrico, como congestiones en el sistema de transmisión en su adaptación hacia una red que habilite la carbono neutralidad y el alza exponencial en los costos de combustibles fósiles debido a factores exógenos a Chile que impacten en los costos de retiro para ciertos suministradores del sistema.

“Esta medida está anclada en instrumentos regulatorios existentes y además entrega una regla permanente para futuros eventos de congestión. La iniciativa en particular está incorporada en la propuesta de Proyecto de Ley de Transición Energética y tiene relación con la redefinición y reasignación de Ingresos Tarifarios por retrasos de líneas de transmisión y por acumulación de renta extraordinaria”, explica el documento.

En la actualidad la Ley Eléctrica establece una reasignación de ingresos tarifarios para casos puntuales de retraso de obras en tramitación, sin embargo, se busca extender su alcance con una mirada sistémica.

La medida permitirá repartir Ingresos Tarifarios Extraordinarios del sistema de transmisión nacional, acumulados por lo que se denomina como rentas de congestión, producidas por la diferencia entre los costos de retiro de energía y el pago de las inyecciones de energía en distintas subestaciones o barras de la red.

“En lo concreto, esta medida permitirá reasignar los ingresos tarifarios a suministradores que presenten balances negativos (relacionado a sus costos de inyección y retiro), en los meses en que se detecten estos mayores montos, en comparación con valores históricos de la proporción en relación con la valorización anual de la transmisión nacional, y que se encuentren afectos a restricciones de índole espacial y no temporal, es decir, restricciones que se den cuando de manera simultánea exista un diferencial relevante entre los precios de inyección y de retiro”, indica la minuta.

Esta iniciativa legal requiere un umbral de ingresos tarifarios mínimo para su aplicación, que será definido reglamentariamente. Sin embargo, y con el propósito de promover una expedita ejecución, tras la publicación de la Ley de Transición Energética, se establecerá un umbral transitorio para comenzar la implementación inmediatamente. De esta forma, cada suministrador afectado recibirá un monto calculado por el diferencial de precios a devolver multiplicado por la cantidad a devolver, lo que se calculará con datos reales en base horaria.

La medida propuesta tendrá efectos cada vez que se verifiquen congestiones mientras se ejecuta y desarrolla infraestructura en el sistema en el mediano y largo plazo en base a las medidas antes mencionadas, y a la espera de la disminución y normalización de precios de combustible internacional.

Para el mediano plazo, es decir el periodo 2026-2030, la medida a la que apuesta el gobierno es la “licitación de sistema de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala”, anunciado en su cuenta pública por el presidente Boric.

El documento del gobierno señala que Chile es uno de los principales productores de energías renovables del mundo y hoy el desafío es poder almacenar toda esa energía solar y eólica. “Este es un paso fundamental para lograr la carbono neutralidad antes de 2050. Es por esto, que el proyecto de ley de Transición Energética permitirá licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala que comenzarán su operación a fines de 2026. Este proyecto será el más grande de América Latina, con una inversión de dos mil millones de dólares”.

En cuanto a las medidas de largo plazo, que comprenden el periodo 2030–2035 en adelante, la apuesta está en la construcción de la línea Kimal–Lo Aguirre, que tiene el objetivo de descongestionar la zona norte del país y llevar energía limpia hasta la zona central, aprovechando así de mejor forma el recurso renovable existente. A ésta se suman obras estratégicas para alcanzar la carbono neutralidad y promover la reconversión productiva local.

“Considerando las medidas ya señaladas de corto y mediano plazo, el horizonte de largo plazo permite un despliegue de la infraestructura de transmisión estratégica con reglas adecuadas para enfrentar los desafíos de esta transición”, indica la minuta.

Con estas medidas, el gobierno busca llegar con una propuesta robusta a la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, dado que en el marco de su gira -que además de Chile incluye México, Brasil y Argentina-, se firmará la entrega de un fondo de parte de la Unión Europea de 250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde de Chile, ayudas que son la mitad de todo lo que tiene Europa para Sudamérica en esta materia.

Ante ello, en Bruselas están considerando incluir en el acuerdo una salvaguarda que indique que los fondos no se dispondrán si no se resuelve la situación de las empresas de energía renovable.

Por esto la reunión de esta tarde es clave para ver cómo se vendrá ese encuentro y si convence al cuerpo diplomático y las empresas las alterativas que se les está planteando para resolver el problema de corto plazo.

Para las compañías, estos anuncios son necesarios, pero consideran gravitante que se tramiten los ingresos tarifarios como un proyecto de ley independiente y autónomo con urgencia. Dada la complejidad del proyecto y su impacto económico en las cuentas de energía de los clientes finales, hay preocupaciones de que el gobierno esté consciente de que su tramitación será difícil y que eventualmente tenga una baja viabilidad política.

Por esta razón, algunos temen que esta reforma pueda estar siendo presentada únicamente para cumplir con compromisos internacionales y apaciguar a los representantes de la Unión Europea.