En su memoria 2025, Empresas CMPC estimaba que en mayo de este año obtendría la licencia previa ambiental y durante el primer semestre, el permiso de instalación por parte de la autoridad brasileña para su millonario proyecto de celulosa Natureza, que pretende levantar en la zona de Barra do Ribeiro, en el estado de Río Grande do Sul.

Plazos claves, dado que el plan de la administración era presentar al directorio el proyecto para su aprobación a mediados de este año, como dijo el gerente general del holding, Francisco Ruiz-Tagle, el 2 de febrero.

Sin embargo, esos plazos ya están venciendo, por lo que el brazo forestal del grupo Matte reformuló sus calendarios y ahora cree que en un par de meses podrían contar con la prelicencia, el permiso más relevante para avanzar en la iniciativa.

Natureza, el mayor proyecto de inversión de la compañía del grupo Matte en su historia, contempla una inversión de US$4.600 millones y la generación de 6 mil empleos directos. El grupo tiene hoy una capacidad instalada para fabricar unos 4 millones de toneladas de celulosa, principalmente de fibra corta, y pretende agregar 2,5 millones de toneladas de celulosa de fibra corta al año con Natureza.

El proyecto en Brasil requiere una prelicencia, una licencia de instalación y finalmente un permiso de operación. Y el propio presidente de CMPC, Bernardo Larraín, había dicho a fines de abril, en su junta de accionistas, que la licencia previa la esperaban para mediados de año.

“La licencia previa ambiental del proyecto industrial esperamos recibirla dentro de los próximos meses”, afirmó esta semana el gerente de asuntos corporativos de Empresas CMPC, Augusto Robert, a Pulso.

El diario O Sul de Porto Alegre citó este miércoles 24 al director general de CMPC Celulosa en Brasil, Antonio Lacerda, afirmando que esperan que la emisión de la licencia preliminar se produzca a principios de agosto. Ese plazo “podría estar dentro de la expectativa”, acotó Robert.

Lacerda se había involucrado la semana pasada en una controversia al poner en duda la realización del proyecto Natureza en Brasil, debido a sus problemas de permisos. “Si no hay una definición hasta fines de año, el proyecto podría ir a Paraguay”, advirtió.

En la compañía salieron a desmentir tales dichos. Según el gerente de asuntos corporativos, “esa declaración es un error, como el mismo ejecutivo rectificó; el proyecto Natureza tiene un único domicilio que es Río Grande do Sul-Brasil”, aseguró.

Impasse con el Ministerio Público

Natureza es considerada también la mayor inversión privada en la historia de Río Grande do Sul. Hasta ahora, CMPC ha invertido del orden de los US$400 millones en desarrollo, estudios, ingeniería y el proceso de permisos.

Pero el artículo del diario O Sul hablaba de que la iniciativa “se mantiene inmersa en un conflicto legal y ambiental que podría definir el futuro de la economía del estado”, pues “se ha convertido en un símbolo de la disputa entre el desarrollo y las exigencias regulatorias”.

Esto, debido a un conflicto legal de CMPC con la fiscalía brasileña. El Ministerio Público Federal de Brasil pidió en marzo pasado la suspensión inmediata del proceso de prelicencia ambiental de Natureza “hasta que las comunidades indígenas locales sean debidamente escuchadas”.

La solicitud, impulsada por el fiscal federal Ricardo Gralha Massia, fue dirigida hacia tres entes estatales: la Fundación Estatal para la Protección del Medio Ambiente (Fepam), el Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) y la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai).

A la Fepam, además, le instruyó no aceptar el Estudio del Componente Indígena (ECI) -un documento técnico del proceso- ni “reuniones informales como sustitutos de la consulta formal requerida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

A los otros dos organismos les sugirió llevar a cabo una consulta al menos a ocho aldeas del pueblo indígena Mbyá Guaraní localizadas en la zona de influencia directa y 18 en el área de afectación indirecta, que podrían ser impactadas por contaminación hídrica y dificultades logísticas.

CMPC ha planteado que la solicitud no tiene precedentes y es inviable, excede las competencias de la fiscalía y genera incertidumbre jurídica, según el periódico.

El director Lacerda había señalado que en la empresa existía “indignación” por la intervención del persecutor federal, al advertir como alternativa a Paraguay, que “cuenta con madera y previsibilidad jurídica”.

Al ser consultado por las dificultades que ha enfrentado el camino de permisos por la acción de la fiscalía, Augusto Rober fue más cauto que Lacerda y aseguró que “el proceso sigue el marco definido por Fepam (órgano licenciador); la consulta vía Estudio Componente Indígena se realizó de acuerdo a lo definido por Fepam (órgano licenciador) y Funai (responsable de los derechos de los indígenas)”.

En su reporte anual 2025, CMPC recordó que a inicios de este año realizó lo que calificó de “hito fundamental del proceso de evaluación ambiental”: una audiencia pública para dar a conocer el proyecto a las comunidades, que reunió a más de 1.000 personas presencialmente y 400 de manera virtual.

El impasse jurídico actualmente está siendo analizado por la justicia federal y en Brasil especulan con que podría resolverse mediante una audiencia de conciliación, dijo el diario O Sul.

Entre los permisos relevantes, hasta ahora CMPC sólo cuenta con la licencia de concesión portuaria. El 20 de enero de 2026 recibió el permiso para la construcción de un terminal asociado al proyecto por parte de las autoridades federales, en un acto que presenció el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El proyecto costero considera una inversión de US$170 millones y contempla un terminal privado en el puerto de Río Grande.

Bajas de calificación

Según la memoria 2025, el financiamiento de este proyecto se ha basado en una revisión de sus activos “con potencial de monetización”, más un proceso para levantar fondos con entidades brasileñas como agencias de crédito para la exportación o el Banco Nacional de Desarrollo. Y para su inicio, llevó a cabo operaciones de refinanciamiento mediante la colocación de dos bonos híbridos en 2025.

Sin embargo, su financiamiento podría verse afectado por las rebajas de clasificación de riesgo que sufrió Empresas CMPC.

En abril, Fitch Ratings recortó su nota internacional a BBB- desde BBB y local a AA- desde AA, ante “el deterioro de su estructura de capital, con un apalancamiento por encima de 3x, impulsado por la debilidad en los precios de la celulosa y los bajos márgenes operativos en el segmento Softys”, su negocio de papel tissue.

Y a inicios de junio, Humphreys bajó a AA- desde AA su calificación local, debido a “las presiones observadas sobre los indicadores de endeudamiento y rentabilidad de Inversiones CMPC S.A., principal filial operativa y generadora de flujos del grupo, cuyos resultados inciden directamente en la capacidad de pago y perfil crediticio de Empresas CMPC”.