Ayer lunes 13 de mayo, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, aprobó en general, un nuevo texto para el proyecto de delitos ambientales, que, junto a la urgencia simple que puso el gobierno los días 12 de marzo y 14 de abril, permiten concluir, ahora sí, que no hay vuelta atrás para esta legislación. El proyecto, posee al menos siete características que lo instituyen.

Primero, la técnica legislativa, consiste en la construcción de un tipo penal madre, denominado "delito de grave de contaminación", que supone, para su configuración, una infracción normativa que se expresa en la superación significativa de umbrales reglamentarios de sustancias que, por su naturaleza o concentración, puedan constituir un riesgo para el medioambiente o las personas.

Segundo, la existencia de daño ambiental se establece como agravante del delito de grave contaminación ambiental y como figura autónoma especial para ciertos delitos y fines.

Tercero, se establecen delitos de fraude a la administración ambiental, a través de los cuales se tipifican conductas destinadas a inducir a la autoridad a obrar indebidamente, como también, se sanciona al funcionario público que comete prevaricación ambiental.

Cuarto, se incorporan delitos críticos a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, activando la obligación de implementar medidas de prevención al interior de la organización.

Quinto, se introducen normas de atribución precisas de responsabilidad penal para los gerentes, directores y representantes legales, pudiendo eximirse si acreditan actos de oposición serios a los hechos constitutivos del delito.

Sexto, se restablece la acción penal en el Ministerio Público y la acción por daño ambiental en representación del Estado en el Consejo de Defensa del Estado.

Por último, las penas gozan de una proporcionalidad ejemplar, atendidos los hechos delictivos a los que se encuentran asociados.

El proyecto ha tomado su forma definitiva y, el ritmo que exhibe en el Congreso, es acorde al compromiso adquirido por Chile ante la Ocde en la última Evaluación de Desempeño Ambiental de 2016. En consecuencia, se espera, que todos los sectores, especialmente aquellos que se verán impactados por esta regulación, concurran de buena fe al debate, asumiendo que un país inteligente, es aquel que ve en estas coyunturas críticas, una oportunidad para crecer y proyectarse conforme a las exigencias de su época, procurando no estancarse por miedos y fantasmas del pasado.