El viernes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ofició a las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras del país para darles instrucciones sobre la adopción de medidas de seguridad en relación a instalaciones estratégicas. Esto, dada la situación que vive el país y teniendo en cuenta el reciente ataque a una subestación de CGE.

La autoridad destacó que son las empresas las que deben adoptar las medidas pertinentes y que son los que deben velar por el resguardo de sus activos, en función de preservar la seguridad y continuidad del sistema.

"Esto busca mantener los estándares para que la comunidad cuente, de forma normal, con acceso a electricidad y combustibles, lo que va en la línea de los esfuerzos del gobierno para llevar seguridad a la infraestructura crítica del país", señaló el Superintendente Luis Ávila, consultado por el tema.

Preocupación

El escrito generó repercusiones entre los actores del sector, quienes vieron con preocupación la señal de la SEC.

"No podemos tener la responsabilidad de toda la seguridad de la planta o de una infraestructura, la seguridad pública no compete a la empresa. La empresa puede poner medidas para el funcionamiento y para protegerse con los eventos, pero la protección en este sentido no puede ser competencia de la empresa. Lo que nosotros estamos haciendo es apoyando el esfuerzo del Ministerio de Energía, que es compartir información", sostuvo el CEO de Enel Chile, Paolo Pallotti.

En esa misma línea, la economista y socia fundadora EnerConnex Consultores, Ana Lía Rojas, dijo que "el Estado debe velar para que las condiciones de seguridad interior sean acordes y así las empresa puedan dar un servicio de abastecimiento energético continuo".

Agregó que las grandes empresas cuentan con sistemas de vigilancia y seguridad. "Entonces, es redundante que la SEC les oficie que deben tener medidas de resguardo, a menos que efectivamente el Estado esté asumiendo que en las condiciones de la coyuntura, no puede éste otorgar ese resguardo, y eso me parece grave por parte del Estado".