Desigualdad y gobernabilidad

El informe "Desigualdad. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile", publicado recientemente por el PNUD muestra que, si bien la desigualdad económica ha disminuido levemente en los últimos años, históricamente el país ha mantenido índices altos de desigualdad. Algunos deducirán entonces que la sociedad chilena tiene una alta tolerancia a la desigualdad y, por tanto, podría pensarse que enfrentarla no es necesariamente una prioridad. Hay al menos dos razones para pensar que esto no es así y que más bien existen condiciones favorables para enfrentar este desafío.

En primer lugar, la desigualdad se politizó. Mientras por largo tiempo la discusión pública estuvo marcada por generar crecimiento económico y combatir la pobreza, desde hace un tiempo que la desigualdad se ha transformado en un tema central en el debate público. El informe "¿Cómo y cuándo se habló de desigualdad?", también publicado por el PNUD, analiza los manifiestos políticos en el periodo de campaña y los discursos presidenciales del 21 de mayo. Uno de los resultados más interesantes del análisis es que la palabra desigualdad empieza a aumentar en su frecuencia entre las elecciones de 1999 y 2005, pero cobra mayor fuerza después del 2011. Como señala uno de los líderes estudiantiles de la época en un documental del Consejo Nacional de Televisión, "el avance [del Movimiento Estudiantil] tiene que ver con el discurso; […] con cómo concebíamos la desigualdad, cómo muchas desigualdades que antes eran tolerables antes y cómo, después del 2011, ya no lo son". Por otra parte, el informe sobre desigualdad del PNUD muestra que los ciudadanos están cada vez más en desacuerdo con que los recursos económicos individuales definan el acceso a servicios sociales. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2016, el porcentaje de chilenos y chilenas que afirma que no es justo que aquellos que pueden pagar más tengan acceso a una mejor educación aumentó de un 52% a un 64%, y en relación a la salud, de un 52% a un 68%.

En segundo lugar, las nuevas reglas de la política facilitan que se articule el descontento con la desigualdad en distintas alternativas programáticas. En los últimos años se han aprobado reformas sustantivas al financiamiento de la política y el funcionamiento de los partidos políticos. Estas reformas introducen un financiamiento público basal para los partidos políticos, condicionado a la reinscripción completa bajo la supervisión del Servicio Electoral, así como mayor transparencia en las donaciones que se realizan a los partidos políticos. Las nuevas reglas del juego también significan una democratización de los espacios públicos para hacer propaganda electoral: ya no ocupa más espacio el partido que tiene más recursos públicos y brigadistas. Por último, el fin del sistema binominal aumentará la competencia política y facilitará el reordenamiento de alianzas políticas en pos de una agenda definida contra la desigualdad.

Dado que la tolerancia de la ciudadanía frente a la desigualdad ha venido disminuyendo, quien sea electo Presidente o Presidenta en noviembre de este año, tendrá que seguir liderando la lucha contra la desigualdad en Chile. En ese trabajo se jugará gran parte de su gobernabilidad, ya que los chilenos y chilenas somos cada vez más conscientes y críticos a las distintas expresiones de la desigualdad en nuestro país.