SEÑOR DIRECTOR:

Un Estado responsable sabe que la seguridad jurídica ambiental no obstaculiza la inversión honesta y justa, la hace posible. Por eso, frenar decretos destinados a proteger parques nacionales y especies amenazadas no puede presentarse como una simple decisión técnica. Es, en realidad, una señal política preocupante. La política ambiental debe ser la base de un Estado sustentable en el futuro, no un obstáculo para la gestión de turno. La protección ecosistémica es un ejercicio de soberanía nacional.

El progreso no se mide por la explotación inmediata de los bienes naturales, sino por la capacidad de dejar un legado. Quien debilita su patrimonio natural no solo hipoteca el futuro. En lenguaje económico, firma la quiebra de su propio presente.

Felipe Kong, académico UDP

Camila Osorio, geógrafa Universidad de Concepción