El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que instruye al gobierno federal a sustituir el término “Inteligencia Artificial” y la sigla “IA” por “Superinteligencia” y “SI” en sus comunicaciones oficiales, documentos públicos, sitios web e informes.

La disposición no modifica normas ni contratos que ya se encuentren vigentes y establece un plazo de 60 días para que el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología presente una propuesta legislativa destinada a establecer una definición federal del nuevo término.

En el texto, Trump argumentó que las capacidades de los sistemas actuales “van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana” y que representan “una nueva era de superinteligencia”.

El mandatario ya había planteado el cambio de nomenclatura durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) la semana pasada.

La orden fue suscrita horas después de una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de algunas de las principales compañías tecnológicas y desarrolladoras de estos sistemas. El encuentro estuvo marcado por el debate sobre los riesgos asociados al desarrollo de modelos cada vez más avanzados y por las alternativas para establecer mecanismos de seguridad.

Acuerdo con las empresas tecnológicas

En paralelo, Trump y los representantes de varias compañías del sector suscribieron el White House Accord on Superintelligence, un compromiso voluntario que contempla la adopción de controles internos y mecanismos de revisión sobre sus modelos.

El acuerdo fue firmado, entre otros, por Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, de OpenAI; Elon Musk y Jensen Huang, de Nvidia.

El documento establece cuatro niveles de supervisión: controles internos para riesgos relacionados con ciberseguridad y bioseguridad, equipos especializados encargados de vigilar su aplicación, auditorías externas independientes y un comité del directorio de cada compañía dedicado a supervisar el proceso.

Los participantes también dejaron abierta la posibilidad de que estas medidas sean incorporadas posteriormente a leyes o regulaciones. El acuerdo establece que las empresas aplicarán los controles y auditorías como parte de un compromiso para reforzar la seguridad de sus sistemas.