El ministro de Defensa, Fernando Rabat, valoró esta tarde la aprobación del Senado, en particular, del proyecto de ley que permite realizar un juicio oral aún sin la presencia del imputado, conocido como “ley sin escape” o “juicio oral en ausencia”.

Con la votación de esta tarde, se despachó a segundo trámite en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para regular la continuidad del juicio oral y permitir que se dicte sentencia definitiva ante la incomparecencia injustificada del imputado.

Tras la sesión, el ministro Rabat agradeció la votación de los senadores, al señalar que “se trabajó de común acuerdo para alcanzar un texto que obtuvo votaciones por unanimidad”.

Luego, abordó el fondo de la iniciativa. “Estamos poniendo término a una anomalía de nuestro proceso penal”, agregó el secretario de Estado, quien presentó la iniciativa en mayo de este año, junto a la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Al respecto, indicó que con la actual legislación, “podia ocurrir que el imputado, luego de haber pasado distintas fases del proceso, se ausentara sin ninguna consecuencia de este juicio oral y, por lo tanto, el tribunal no pudiera dictar sentencia definitiva. Hoy día se ha corregido esa situación”.

La autoridad relevó, además, que el proyecto resguarda las garantías procesales, el derecho a defensa y el debido proceso, al mismo tiempo que permite evitar que una ausencia injustificada impida que la justicia pueda pronunciarse sobre los hechos materia del proceso.

“Sin lugar a dudas, se trata de un avance importante porque va a impedir que existan sujetos que hayan cometido delitos que no sean juzgados en tiempo oportuno”, indicó Rabat.

Y requerido por la prensa respecto de si, antes de emitir la sentencia, se intentará contactar a la persona imputada, Rabat respondió: “El imputado está en conocimiento del juicio desde su inicio. Acá se pasa por distintas etapas: hay una formalización, hay una acusación, hay una preparación de juicio oral y hay un juicio oral. En todas esas etapas, el imputado estuvo en conocimiento de los hechos de los que se le acusan, de la pena a la que puede ser condenado y, no obstante ello, voluntaria y conscientemente dejó de asistir a la audiencia de juicio oral. Evidentemente que acá estamos en presencia de una situación que le pone coto, límite a una actuación claramente irregular del imputado”.