En el marco de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, Estados Unidos canceló este lunes las visas de 27 funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familiares, a quienes acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o conspirar contra sus respectivos gobiernos.

Los funcionarios y sus familiares provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países con líderes de tendencia derechista afines al presidente Donald Trump, destacó The Associated Press.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú este mes, y prometió el apoyo de Estados Unidos a sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la trata de personas.

El Departamento de Estado anunció las revocaciones el lunes “para cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, dice el comunicado.

La administración de Donald Trump presenta las revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para endurecer las medidas contra la corrupción, en particular la relacionada con el comercio de narcóticos y la migración ilegal, por parte de miembros del “Escudo de las Américas” que el inquilino de la Casa Blanca creó este año.

Entre los 27 señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan.

A Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante la gestión del presidente Luis Arce -y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz-, se le acusa de abusar de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia.

Además, en la lista también aparece el exministro de Justicia durante la administración de Arce, Iván Lima.

En el caso de Colombia, la medida alcanzó al empresario Euclides Antonio Torres Romero, propietario de un conglomerado con negocios en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

En cuanto a Perú, Estados Unidos revocó los visados vigentes de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y de sus familiares.

Asimismo, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visado a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familias. El Departamento revocó los visados ​​de las dos personas afectadas.